Más de ocho millones de escolares, previsiblemente, estudiarán en las enseñanzas generales no universitarias este curso, en el que habrá reajustes organizativos y de plantillas debido a menos gasto y profesorado funcionario, y más carga lectiva docente y alumnado por aula según decida cada comunidad.

El presidente de la organización de padres de alumnos CEAPA, Jesús Sánchez, anuncia un comienzo "bastante complicado" en la escuela pública, pues esas medidas "perjudicarán" la calidad educativa, con "agravios" entre comunidades, aparte de la "incertidumbre" sobre convocatorias autonómicas de ayudas de libros de texto y de comedor escolar.

El "caos" marcará el inicio escolar, añadido a la difícil situación económica, augura el sindicato CC OO, que denuncia un "ataque sin precedentes" a la educación pública y la igualdad de oportunidades.

El vicepresidente de los padres de COFAPA, José Manuel Prats, explica que, con la crisis, se da una "migración" de alumnos de la escuela privada a la concertada y de ésta a la pública, pues muchas familias deben replantearse el pago de cuotas, negociarlas con el colegio o pedir plaza en otro tipo de centros.

Defiende que la calidad depende más de un profesorado preparado que del número de alumnos en el aula, aunque esto influye también en que reciban mejor atención educativa.

El Ministerio de Educación mantiene los programas de cooperación territorial que combaten el fracaso y abandono escolares y que fomentan el aprendizaje de idiomas, pero ha suprimido otros por "inviables" financieramente o, como Educa3 (de escolarización temprana), porque están "básicamente finalizados".

También este curso se estudiará un nuevo temario de Educación para la Ciudadanía o se exigirá una nota mínima de 5,5 (antes un 5) para obtener una beca-salario en bachillerato y FP superior.

Aparte de las reducciones presupuestarias estatales y autonómicas, el Gobierno central aprobó en abril un decreto-ley de "mecanismos de flexibilidad" en la enseñanza para que las autonomías, según consideren, puedan ahorrar, aunque sin perjudicar la calidad, según el Ministerio de Educación.

Entre las medidas, el tope de alumnos por aula en educación pública y concertada se incrementa un 20% de forma "coyuntural". Hasta ahora eran 25 como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria (ESO).

Y el profesorado de infantil y primaria tendrá que impartir temporalmente al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas (varias comunidades ya lo aplicaban).

Las consejerías implantarán las medidas de manera dispar porque Castilla-La Mancha, por ejemplo, sube el máximo de alumnos hasta 30 en infantil y primaria, 36 en ESO y 40 en bachillerato.

Cataluña anunció en junio el cierre de un centenar largo de aulas por el aumento de alumnos por clase y el descenso demográfico.

En Galicia, sin embargo, se mantiene el máximo de alumnos y no se eliminará ninguna de las opciones de bachillerato de los institutos para no perjudicar a los rurales; habrá unas 200 plazas menos de profesorado funcionario, aunque más interinos que el curso pasado.

La Rioja, que también "congela" el alumnado por aula, tendrá que aumentar de 18 a 20 las horas lectivas del profesorado de secundaria, mientras que ya aplicaba 25 a los de infantil y primaria. Y Navarra aventura que se contratarán unos 350 interinos menos este curso.

Sin embargo, los sindicatos de Baleares no convocarán huelga porque la Consejería de Educación se ha comprometido, aseguran, a aumentar entre 50 y 100 las vacantes de interinos.

Este año, como en 2011, prácticamente no se han convocado oposiciones para cubrir las bajas de docentes funcionarios jubilados debido a las restricciones presupuestarias.

Los apuros económicos se notaron ya el curso pasado, cuando el profesorado de la escuela pública bajó (-0,6 % de media) por vez primera después de dos decenios de subidas.

Los sindicatos han advertido de que arreciará la caída de empleo docente, se cerrarán aulas y también pequeñas escuelas rurales con las medidas del decreto-ley, que han recurrido Andalucía, Asturias, Navarra y País Vasco en el Tribunal Constitucional.

Con la reapertura de colegios, retornarán, previsiblemente, las movilizaciones en la escuela pública, pero el sindicato mayoritario de la concertada (FSIE) también está dispuesto a salir a la calle por la reducción de los módulos de salario.

La escuela concertada está molesta por los "efectos demoledores" de los ajustes, con el agravante de que recibe una financiación "mucho menor" que la educación pública.

Además, este año, previsiblemente, volverá a subir el número de escolares, que superará los ocho millones si se mantiene la tendencia de años anteriores y recuperaría niveles de 1993.

El curso pasado fueron 7.914.154 matriculados desde infantil hasta FP superior, un 1,7% más que el anterior, según datos oficiales provisionales.