El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que la tercera reforma financiera, que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, se ha hecho de forma que se "minimice el impacto al contribuyente".

Esta aclaración la ha realizado después de ser preguntado por la prensa por el supuesto "coste cero" al que había hecho referencia un día antes, y al que ha vuelto a aludir la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Hoy se culmina una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional", ha insistido Sáenz de Santamaría. Según la portavoz, ésta es una regulación muy "completa" que diseña los mecanismos necesarios para la prevención y resolución de crisis bancarias futuras, y con la que se conseguirá el "imprescindible" objetivo de sanear el sistema financiero.

La vicepresidenta ha asegurado que el decreto ley incluye medidas "de calado" para la protección de los inversores, y que además logrará dinamizar el mercado inmobiliario gracias a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) para que el sistema inmobiliario pueda "hacer la digestión" de su stock "a precios razonables".

De Guindos ha ofrecido explicaciones más detalladas sobre el decreto, que incluye seis tipos de medidas: para gestionar crisis bancarias, regular el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzar la protección de inversores, dar marco legal al 'banco malo', definir cómo se reparten los costes de las reestructuraciones y otros aspectos de requerimientos de capital o remuneraciones.

"Es una norma muy importante, compleja y extensa, que se ha elaborado con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye una pieza legislativa que modifica sustancialmente el entramado de supervisión y prevención de las crisis bancarias", ha añadido.

De Guindos ha asegurado que si estos instrumentos ya existieran "la crisis se podría haber abordado de una forma completamente distinta".

La norma prevé tres formas de gestión de crisis, dependiendo del nivel de dificultad en el que se encuentren las entidades bancarias. Así, en los casos de entidades con dificultades "leves" y capacidad de recuperación en "no más de dos años" habrá una "actuación temprana" con la sustitución de los consejos de administración, planes de reestructuración de la deuda y la posibilidad de intervención del FROB.

Las entidades que necesiten recursos durante un máximo de cinco años (prorrogables dos más) tendrán ayuda financiera en diferentes modalidades y sus activos deteriorados serán traspasados al 'banco malo'.

En las entidades con mayores problemas se procederá a la sustitución inmediata de los órganos de administración y la intervención del FROB, que elaborará planes de resolución incluyendo medidas como la transmisión de los productos con problemas al 'banco malo' para dejar los activos y pasivos sanos en un 'banco puente' que intente venderlos para "minimizar los costes".

El FROB será el "nuevo protagonista" junto con el Banco de España en todos estos procedimientos. El Gobierno ha reforzado sus competencias y ha aumentado su presupuesto, además de permitirle financiarse con deuda hasta un máximo de 120.000 millones de euros este año, frente a los 99.000 millones fijados hasta ahora.

El FROB dejará de contar con el sector privado en sus órganos gestores y no realizará más aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La comisión rectora del organismo estará formada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y del Banco de España.

Contará con un director general, que además es subgobernador del Banco de España, que será nombrado por Economía a propuesta del Banco de España. También tendrán una función consultiva representantes de la Intervención y la Abogacía General del Estado, aunque sin voto.

"Es fundamental que haya un control y una transparencia absolutos en sus actuaciones, lo que se consigue con un control financiero permanente de la Intervención. Además, trimestralmente el presidente del FROB irá a la Comisión de Economía del Congreso", ha señalado el ministro.

No habrá, según De Guindos, cambios sustanciales con respecto al reparto de los costes de los procesos de reestructuración. Se mantiene, de este modo, la normativa europea de competencia que prevé que los canjes máximos sean a precios de mercado más un 10%. Esto solo afecta a los propietarios de participaciones preferentes y deuda subordinada.

"La única novedad es que, cuando el FROB considere que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente, podrá imponer un ejercicio de canje determinado", ha precisado De Guindos. Con estas excepciones se pretende "minimizar el impacto de los costes para el contribuyente" y que sean los accionistas y acreedores los que "paguen" las crisis bancarias.

La nueva normativa regula "con todo tipo de cautelas" la venta de preferentes a futuro. La colocación de productos complejos tendrá que incluir una parte para inversores institucionales de al menos el 50%. Además, se han establecido límites en las diferentes inversiones y los clientes minoristas deberán firmar de su puño y letra una declaración de conocimiento de los riesgos.

El decreto incluye también la creación del 'banco malo', al que se traspasarán los activos problemáticos de las entidades intervenidas, que en principio serán las únicas que puedan acceder a este sistema para conseguir "mayor solvencia" y un "balance más saneado".

El 'banco malo' deberá estar en funcionamiento a principios de diciembre, y enajenará los activos por un plazo de entre 10 y 15 años para después venderlos y recuperar el máximo posible de su inversión.

En cuanto a su financiación, habrá una participación minoritaria del FROB y otra mayoritaria de inversores privados, y se deben establecer qué tipo de activos se transfieren y la metodología para calcular sus precios.

El resto de medidas eliminan la "extracontribución de los depósitos de alta remuneración" para evitar la venta de pagarés, que implican menos protección para los consumidores al no estar cubiertos por el FGD; elevan los requerimientos de capital al 9%, traspasan competencias sancionadoras y de autorización al Banco de España y reducen las retribuciones a directivos.