La vertiente financiera de la crisis económica en España, el país que —se dijo en su día (2008)— tenía el sistema financiero más sólido del mundo desarrollado, ha obligado ya a acometer cinco reformas de gran calado desde que comenzó la crisis económica mundial.

En febrero de 2011, siendo todavía presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se puso en marcha una reforma para tratar de reforzar los niveles de solvencia de los bancos (que empezaban a resentirse muy seriamente de la aventura del 'ladrillo').

Pocos meses después, el Gobierno de Mariano Rajoy se estrenó con una reforma financiera que sirvió —aunque todavía no ha concluido y los resultados aún no se han visto en su totalidad— para obligar a las entidades a aumentar en 50.000 millones de euros sus provisiones por el riesgo real de sus activos tóxicos inmobiliarios.

En mayo, apenas unos meses después, un nuevo Decreto Ley dio luz verde a la penúltima última reforma del sistema financiero, que obliga a la banca a aumentar, todavía más, la provisión de los créditos sanos en unos 30.000 millones de euros y a aparcar todos sus activos inmobiliarios en firmas externas.

Agosto de 2012. Tras un verano convulso, aunque menos de lo esperado, el rescate a la banca -cifrado en hasta 100.000 millones- ha traido consigo la 'obligada' nueva reforma financiera. Auspiciada por Bruselas y también el FMI, esta nueva modificación de la arquitectura financiera, la más radical, contempla medidas largamente debatidas como la creación del 'banco malo'.

En 2009, en los albores de la crisis económica, España aprobó una primera reforma financiera que puso sobre la mesa la necesidad de inyectar dinero a la banca. Algo que se materializó en la creación del FROB (el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria).

Esta figura, dotada de partida con 9.000 millones de euros, serviría para armonizar las ayudas a las entidades de crédito afectadas por la crisis económica, es decir, para ayudarles a ampliar su capital en el proceso de fusiones y de salida a Bolsa que se estaba llevando a cabo, y que modificó sensiblemente el panorama financiero, sobre todo en lo relativo a las cajas de ahorro.

La segunda reforma, también llevada a cabo por Zapatero, en febrero de 2011, estaba destinada a servir de corolario a la primera: es decir, su objetivo era reforzar más los niveles de solvencia de los bancos y cajas, fijando nuevas exigencias de capital, con un mínimo del 8% sobre los activos considerados de riesgo (para las entidades que cotizaran en Bolsa) y del 10% para las cajas.

Una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy en sus primeros 100 días fue llevar a cabo otra reforma financiera. Anunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, esta nueva vuelta de tuerca implicaba, por parte de las entidades bancarias, poner en marcha un plan para aumentar de nuevo sus provisiones (en 50.000 euros), debido a la extrema debilidad que mostraban por la existencia de los activos tóxicos inmobiliarios.

Además de esta medida principal, la nueva ley dictada por el Gobierno incluía otras, como limitar el sueldo de los directivos a 600.000 euros en las entidades que han recibido ayudas públicas del FROB y a 300.000 euros en aquellas que han sido intervenidas por el Estado.

En dicha reforma se incluía también la posibilidad de que el FROB contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles —también denominados cocos, son una especie de préstamo de dinero que se convertiría en acciones de la entidad al acabar el plazo acordado—, para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo de 9.000 hasta los 15.000 millones.

El Ejecutivo aprobó una nueva reforma financiera. Reforma que vino precedida de unas semanas convulsas tanto por la situación límite de la prima de riesgo, la fortísima bajada de la Bolsa y la nacionalización de la matriz de Bankia.

Esta nueva ley obligó a la banca a aumentar la provisión de los créditos sanos en unos 30.000 millones de euros y a aparcar todos sus activos inmobiliarios en firmas externas. Las provisiones afectan a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

De esta manera, la banca española debe destinar un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria, que sumaba a finales de 2011 un total de 310.000 millones de euros. El Ministerio de Economía dio por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital.

Por ello, el Real Decreto Ley aprobado contemplaba que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del FROB, podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

Dicen los analistas que es la más radical de todas. Elaborada al dictado de lo recomendado por Bruselas y el FMI, esta quinta reforma financiera (la tercera del Ejecutivo del PP) incluye medidas como la creación del denominado 'banco malo' (El 'banco malo' debe ser rentable y vender activos en hasta quince añosque debe ser rentable y vender activos hasta en 15 años, aunque aún falta casi todo por conocer de él).

Ademas de esta medida, hay otras, como que se eleva la protección a los inversores en casos como las participaciones preferentes y se aumentan —como también lo hicieron las anteriores— los requisitos de solvencia de las entidades. Desde el Gobierno se asegura que esta nueva reforma, presentada con retraso de una semana sobre el plazo previsto, no costará "ni un euro al contribuyente".

La reforma ha sido aprobada mediante Real Decreto, y es una exigencia de Bruselas para otorgar los (hasta) 100.000 millones a la banca. La nueva arquitectura financiera otorga amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pasará a estar controlado por el Gobierno y podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.

La nueva regulación, además, abre la puerta a liquidar bancos inviables, aunque el Gobierno ha descartado que se haga en los próximos meses.