Los ya tan famosos 'papeles de Bárcenas' se 'desinflan'. El equipo que la Intervención General del Estado (dependiente de Hacienda) tiene adscrito a la Fiscalía Anticorrupción acaba de entregar al juez Pablo Ruz un informe que analiza los documentos (nueve carpetas  y un pen drive) que el extesorero del PP dio al juez cuando compareció ante él en julio de 2013. El informe, aunque está fechado en febrero de 2014, fue aportado a la causa hace unos días. Las conclusiones de este informe no avalan lo argumentado por Bárcenas, que después de ingresar en prisión en junio de 2013, reconoció ser el autor de estos papeles, haber gestionado una especie de contabilidad B del partido, haber recibido donaciones de empresarios y haber pagado sobresueldos en negro a varios altos cargos del partido, como Rajoy, Cospedal, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.

Ahora, el juez Ruz ya sabe que en febrero de 2014 la Intervención General del Estado (IGAE) pensaba que los "papeles de Bárcenas no son un registro sistemático de ingresos y pagos realizados con fondos de la caja B que Luis Bárcenas asegura haber gestionado". Según la IGE, solo son "hojas sueltas con movimientos que contienen numerosos errores e incoherencias, y en los que faltan (o sobran) apuntes". Hacienda destaca que los papeles no cubren los requisitos de integridad y fiabilidad que definen cualquier contabilidad. Los papeles son "notas sobre supuestos ingresos y pagos que, salvo unos pocos movimientos, no cuentan con ningún soporte documental". Y los pocos justificantes de sus papeles que ha entregado, continúa Hacienda, "son en su mayoría pagos de los años 90".

El análisis que hace la IGAE contradice en cierta medida la línea argumental que ha tejido Ruz a lo largo de la instrucción. El juez considera "parcialmente contrastado el pago de sobresueldos en B a determinadas personas vinculadas al partido bien de forma periódica u ocasional, el pago de gastos generados en campañas electorales y el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político", como pueden ser las reformas de algunas de sus sedes. La IGE, por su parte, concluye en su informe que "no consideramos que los papeles de Bárcenas sean documentos consistentes, aunque contengan algunos movimientos que puedan ser reales". Este viernes, además, en su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción, solicita 42 años de cárcel para Bárcenas. Anticorrupción, por su parte, sí da por hecho la existencia de una "doble estructura contable", una "doble contabilidad" que era "opaca a la Hacienda Pública" y al "Tribunal de Cuentas".

En otro informe que Ruz recibió en noviembre de 2014, la IGAE concluye que los donativos de constructores que figuran en la contabilidad de Bárcenas (periodo 1990-2008) no guardan relación directa con los contratos públicos que recibieron las empresas de los donantes en aquellos años. Un informe que ayuda a la defensa de los empresarios imputados en el caso, ya que si no se acredita correlación entre pagos en B y adjudicaciones públicas se hará complicado mantener una imputación por cohecho. Algo que, no obstante, ya defendió Bárcenas en su declaración ante el juez, ya que siempre habló de donativos "no finalistas", es decir, que los donativos apuntados en su contabilidad no corresponden necesariamente a adjudicaciones concretas.

Fuentes jurídicas del caso señalan que "no es nuevo que los informes de la IGAE desvinculen el pago de donaciones a la concesión de contratos. Es la línea argumental permanente de la IGAE, que a fin de cuentas depende del Ministerio de Hacienda. Pero a pesar de ello, el juez no ha levantado las imputaciones a los empresarios, a pesar de que prácticamente todos lo han pedido. Es decir, que la IGAE diga que ellos no pueden acreditar la relación entre pago y concesión, no significa que no se pueda acreditar esa relación en el juicio".

No hay que olvidar, señalan las mismas fuentes, que ya hay más de 50 apuntes de la contabilidad de Bárcenas acreditados, a pesar del serio varapalo que supone el nuevo informe de la IGAE. No obstante, el mismo informe apunta a que algunos de los papeles de Bárcenas tienen visos de verosimilitud, como la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la caja B, la existencia de una contabilidad opaca en el PP de Galicia y las sospechas fundadas sobre cómo se pagó la sede del PP en Bilbao. Estas son las claves del informe de la Intervención General del Estado.

Mención especial merece este apartado. El informe de la IGAE revela que las anotaciones en los papeles finalizan en diciembre de 2008 con un saldo de 49.188 euros, pero Bárcenas declaró que no fueron las últimas. Asegura que en el verano de 2009 entregó 20.000 euros a Mariano Rajoy y otros 20.000 a María Dolores de Cospedal. Y que luego en marzo de 2010 entregó otros 4.900 euros a Mariano Rajoy.

Por esas fechas, el gerente del PP de Pontevedra le había entregado 50.000 euros que procedían de un donativo. ¿Por qué? Una deuda que el PP de Pontevedra tenía con Génova, ya que la sede central había aceptado un embargo de unos 160.000 euros que tenía que haber asumido el PP de Pontevedra y no pudo. Bárcenas aprovechó estos 50.000 euros en efectivo para repartirlos entre Rajoy y Cospedal. "No ha podido justificar estas entregas", señala la IGAE, que durante su investigación sí pudo comprobar que efectivamente en septiembre de 2009 le embargaron al PP nacional 187.569 euros, como consecuencia de un proveedor de Galicia. Es decir, el embargo existió.

La IGAE omite en su informe otro que hizo la UDEF el 30 de julio de 2014, que también comprobó que, efectivamente, ese embargo se había producido bajo el concepto "embargo proveedor PP Galicia", cargado en la cuenta de la sede nacional como "gastos excepcionales" del partido por importe de 187.569 euros. La UDEF destacó que el PP de Pontevedra no había reflejado en su contabilidad que debía dinero al PP central por asumir este una deuda suya, por lo que se concluye que el PP Nacional asumió dicho embargo como propio. ¿A cambio de qué? Según la UDEF, una deuda así, de una sede regional con la central, tendría que haberse reflejado en la contabilidad de la sede central como "deudores varios", como ocurrió en un caso similar con la sede de Madrid, y posteriormente liquidada por la sede de Pontevedra.

La policía señala que es significativo el hecho de que no quede reflejada la devolución de la deuda, "pues si la sede nacional se encargase de soportar todas las necesidades del resto de las sedes provinciales, podría llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias". Una sospecha que alimenta Bárcenas en su declaración: Pontevedra saldó parte de su deuda con dinero negro, los 50.000 euros que luego fueron entregados a Rajoy y Cospedal.