El arresto del presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de la Ejecutiva socialista valenciana es el primer caso de corrupción que le estalla a Pedro Sánchez siendo presidente del Gobierno.

A falta de concretar si a Jorge Rodríguez se le imputan delitos, y cuáles, dirigentes socialistas afines a Sánchez son partidarios de aplicar la mano dura ante cualquier escándalo que pueda afectar, y dañar, al PSOE.

Creen que la sociedad española ya no soporta más corrupción y también consideran que debe ser un signo distintivo con la tibieza que en ocasiones mostraron Rajoy y el PP. En realidad, el primer escándalo que salpicó a Pedro Sánchez fue el asunto Màxim Huerta. Días después de ser nombrado ministro de Cultura se supo que había sido condenado por defraudar al fisco 256.000 euros. El escritor le quitó hierro y, esa mañana, negó que fuera a dimitir. Por la tarde, por orden de Pedro Sánchez, tuvo que hacerlo. En caso de enrocarse, lo hubiera destituido.

Fuentes socialistas dan por hecho que la línea dura contra eventuales casos de corrupción será la que seguirá Pedro Sánchez, línea que también obligará a seguir a sus barones regionales. El PSOE no quiere dar munición a otros partidos como Podemos y Ciudadanos.

¿Y el PP? Su problema es que tienen muchos casos de corrupción, algunos con condenas y otros a la espera de juicio. Por mucho que ahora exija responsabilidades a Sánchez, saben que es mejor no hacer mucho ruido. Por ejemplo, el anterior presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también fue arrestado por corrupción y está a la espera de juicio. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, fue condenado y encarcelado. Sea quien sea el nuevo líder del PP también tendrá que optar por ser contundente contra la corrupción. Es lo mínimo que esperan los ciudadanos.