En el Supremo no se juzga la lealtad de la policía autonómica el 1-O. El mayor Josep Lluís Trapero está imputado en otro procedimiento judicial, junto a otros tres responsables de los Mossos en aquellos hechos (Pere Soler, César Puig y Teresa Laplana), pero hay días en que asistimos a un anticipo de lo que puede suceder en la Audiencia Nacional.

Uno de los elementos de descargo de las defensas ha sido la forma de interpretar el auto de la magistrada Mercedes Armas del 27 de septiembre, en el que la alusión a preservar "la normal convivencia ciudadana" sirvió de coartada para interpretar que la orden de impedir el referéndum quedaba relegada a un segundo término.

Trapero testificó que en la última reunión que mantuvieron con la magistrada les verbalizó que debían actuar "con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social". Algunas defensas han utilizado los fundamentos jurídicos del auto para intentar convertir el juicio en una acusación contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos mandos, en cambio, han insistido en que lo esencial era la parte dispositiva, es decir, la orden de evitar las votaciones.

Pues bien, en una breve nota remitida al tribunal que preside Manuel Marchena, la magistrada ha aclarado que el 1-O en ningún momento mandó parar la actuación de las fuerzas de seguridad. Es una puntualización muy importante que deshace el argumento de que el auto prohibía el uso de la fuerza.

Este miércoles, la mano derecha de Trapero, el comisario Ferran López, ha profundizado en los argumentos de la policía autonómica. Defender que los Mossos cumplieron con su deber frente a la acusación de pasividad cuando no en algunos casos de complicidad con los votantes. Lamentar la falta de entendimiento con el coordinador del dispositivo único, coronel Diego Pérez de los Cobos, una figura de perfil político cuyo nombramiento les generó incomodidad y a quien ha reprochado diversos errores. Finalmente, culpar al Govern de Carles Puigdemont por seguir adelante con el referéndum pese al aviso de que existía riesgo de violencia.

Y es aquí cuando López ha dado otra vuelta de tuerca a la acusación que pesa sobre los políticos al revelar que, en la reunión del 28 de septiembre, el expresident les dijo que, en caso de graves incidentes violentos, declararía la independencia.

El silencio de Oriol Junqueras y Joaquim Forn, presentes en el encuentro, les vincula porque refuerza la idea de que ese era el escenario que los líderes separatistas buscaban el 1-O. Para salvar a los Mossos, López ha rematado la acusación contra el Govern.