Falta un mes para que asistamos a las primeras elecciones de 2022. Castellanos y leoneses se convertirán, así, en la avanzadilla de otros españoles que tendrán la oportunidad de votar a lo largo de este año. Con seguridad, los andaluces. Pero, quién sabe, nadie puede descartar que en algún momento todos seamos convocados a las urnas. Es la potestad del presidente del Gobierno, que la puede ejercer a conveniencia, como establece la Constitución.

Moncloa asegura que tal cosa no ocurrirá. No, al menos, de inmediato, aunque la primera norma no escrita de un adelanto electoral es no anunciarlo hasta cinco minutos antes de firmar el decreto por el que se disuelven las Cámaras legislativas. Cualquier otra opción da ventaja a los rivales políticos, y unos comicios fuera de su plazo máximo legal se plantean, precisamente, para descolocar a los adversarios. Así lo ha hecho ahora el presidente de Castilla y León. Así lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid el año pasado, y ganó por goleada las elecciones del 4 de mayo. Así lo hicieron los presidentes de Galicia y el País Vasco en julio de 2020 y arrasaron. Y cuando Pedro Sánchez adelantó elecciones en 2019, también ganó. A la vista está que el mercadeo de fechas con las urnas puede resultar beneficioso para quien lo realiza, aunque en la historia hay varios ejemplos de lo contrario.

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La duda es si esa capacidad legal que la normativa concede a los presidentes, además de ser potencialmente beneficiosa para ellos, es buena para la comunidad autónoma o para el país. Porque –y esta es la segunda duda– es muy habitual que la fecha de una votación se elija para buscar la ventaja política propia que el presidente en cuestión considera que puede obtener, y no tanto por el provecho que tal decisión pueda suponer para sus conciudadanos. Salvo, eso sí, que el mandatario haya entrado en fase de exuberante autoafirmación personal y considere que lo bueno para él es lo bueno para sus conciudadanos, circunstancia poco conveniente pero bastante común.

Los castellanos y leoneses votarán el 13 de febrero no tanto porque necesiten imperiosamente ser convocados a las urnas en este preciso momento, sino porque quien les ha convocado se sentirá mucho más cómodo gobernando en solitario (como espera hacerlo) que en coalición con Ciudadanos. Y, si lo consigue –cosa que no sabremos hasta que se cuenten los votos–, sumará, además, una nueva victoria en la lista de éxitos parciales que Pablo Casado cree necesitar para escalar hasta el Palacio de la Moncloa: Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía y, en la primavera del 2023, las municipales y varias autonómicas. Ese es el plan del PP. A veces, los planes se cumplen. A veces, no.