No hay duda de que el pueblo saharaui sufre una injusticia histórica desde antes de que España abandonara en 1976 esa colonia africana, y más aún desde la ocupación marroquí. Nunca ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación, ni podrá hacerlo porque la ONU no tiene fuerza para imponerlo. Aunque el Frente Polisario afirma que técnicamente España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, quien administra ese territorio es Marruecos desde la llamada Marcha verde en 1975, que fue una ocupación ilegal, apoyada por Estados Unidos y con el visto bueno de Francia.
El paralelismo con Ucrania, que en Unidas Podemos esgrimen estos días, tiene poco que ver. El Sáhara no existía como país independiente, era un territorio del que el reino alauí se apoderó, mientras Ucrania es un Estado soberano que sufre una brutal invasión. Si acaso, el símil sería con los territorios palestinos ocupados por Israel, primero militarmente y después con colonos. Hoy en el Sáhara ya hay el doble de marroquíes que de personas de ascendencia saharaui.
Se habla de una "segunda traición española" a los saharauis, pero la cruda realidad es que ningún país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU ha presionado a Marruecos en estos 45 años. Y España poco puede hacer. Por tanto, podemos seguir manteniendo una posición de neutralidad pasiva sobre el Sáhara, o bien asumir de una vez que Marruecos ha ganado la partida, y que su propuesta de amplia autonomía para la excolonia no es tampoco una mala solución. Es cierto que Marruecos es más una autocracia que una democracia, con un proceso de descentralización regional estancado, y que el contenido de esa autonomía especial está por ver. Pero eso es precisamente lo que la comunidad internacional debería exigirle a Mohamed VI.
El cambio de posición lleva cocinándose hace meses y es impensable que el Gobierno español no haya hablado antes con Argelia, que apoya al Polisario y es enemiga acérrima de Marruecos. Pero más allá del enfado inicial de Argel, nadie cree que vaya a renunciar a la oportunidad que se le abre ahora con la guerra de Putin de vender su gas a toda Europa a través de España.
En el trasfondo del asunto está la crisis migratoria que Rabat lanza sobre nuestras fronteras, que lo son también de la UE, y la reclamación sobre Ceuta y Melilla, que aparece en la retórica nacionalista marroquí cuando conviene. Urge que Pedro Sánchez explique en el Congreso las razones, incluidas las contrapartidas, para apoyar ese plan de autonomía, como primer paso para consensuar ese cambio con sus socios de Gobierno y con el PP. En definitiva, tiene que demostrar que se trata de una hábil apuesta estratégica y no de una cesión al chantaje marroquí.
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