Corría el verano de 2013 cuando el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Ignacio González, decidió malvender al fondo de inversión internacional Goldman Sachs 2.935 viviendas públicas con sus inquilinos dentro. Y digo malvender, porque la operación se saldó por 201 millones de euros, precio muy inferior al coste de construcción de los inmuebles. El Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella a la cabeza, hizo lo propio y enajenó también 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a Blackstone.

Tras ocho años de larga batalla judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal una de las operaciones de venta más perjudiciales para el patrimonio público de los madrileños y madrileñas. Uno de los mayores atropellos contra nuestras viviendas públicas, pero también contra el derecho a la vivienda de unos inquilinos que habían confiado en la administración pública como garante último de su derecho al acceso a una vivienda protegida.

Han tenido que recaer hasta siete resoluciones judiciales en el mismo sentido y transcurrir ocho años de lucha y resistencia vecinal, evitando centenares de desahucios, para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido aceptar el sentido de las sentencias y, por fin, haya cesado en su contumaz rebeldía frente a los jueces.

Y la realidad es que, cuando Ayuso pierde, es Madrid quien gana. Porque esta victoria supone recuperar 1.700 viviendas públicas que regresan al patrimonio regional, mal que le pese. Queda pendiente que se haga justicia para reparar el daño de las 1.300 familias que durante este tiempo han sido desahuciadas ilegalmente. 

Solo conozco a una persona capaz de “hacer bueno” a un fondo buitre, y esa es doña Isabel Díaz Ayuso

Lo llamativo es que este reconocimiento llega bastante tiempo después de que incluso el mismísimo fondo buitre, hace ya varios meses, reconociera que la Justicia le obligaba a devolver las viviendas compradas y aceptara estar en disposición de hacerlo. Solo conozco a una persona capaz de “hacer bueno” a un fondo buitre, y esa es doña Isabel Díaz Ayuso.

Quizás, que la presidenta de la Comunidad de Madrid vele más por los intereses de los fondos buitre que incluso los propios fondos de inversión tiene mucho que ver con su anunciado viaje a Estados Unidos -cuya agenda está plagada de reuniones con estas compañías-. Desde luego, en Madrid, es una de sus mejores embajadoras y quién sabe si con esta visita prepara su siguiente tropelía contra la región.

El problema es que la presidenta parece olvidar que ella no es accionista del Consejo de Administración de Blackstone, sino la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso debería significar anteponer las necesidades, los derechos y los intereses de los madrileños a los del capital financiero. Desgraciadamente, parece que opera en la dirección contraria, actuando como su brazo político y, de ahí que nuestra región se esté vendiendo a pedazos a fondos especulativos.

Algunos ejemplos:

En materia sanitaria: el 100% de las acciones del Hospital Puerta de Hierro, del Hospital del Tajo y del Hospital del Sureste, tres hospitales públicos madrileños, se encuentran ya en manos del fondo LBEIP BV. No es casual que este fondo sea también propietario del 50% de las acciones del Hospital del Henares, del Infanta Cristina y del Infanta Leonor. El sector de la salud mental se encuentra también inmerso en un proceso similar de mercantilización, donde las cuatro principales compañías privadas que operan en este campo tienen como accionista mayoritario al fondo de capital riesgo Magnum Capital o DomusVi.

El 92% de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid pertenecen a empresas privadas

En materia educativa, una red de 30 centros de Formación Profesional ya forman parte del patrimonio del fondo de inversión KKR, el cual ha comprado una empresa entera por 200 millones de euros, multiplicando su valor por siete, en los últimos años. Comienza así a vislumbrarse como la educación se convierte también en un nuevo nicho de mercado, a la par que 24.000 alumnos se han quedado sin plaza pública este curso en la Comunidad de Madrid.

Otro ejemplo lo encontramos en materia de dependencia. El 92% de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid pertenecen a empresas privadas. De las cuatro principales, dos tienen como principal accionista a los fondos estadounidenses Vitalia Home y Colisée; otra al fondo DomusVi y la última a un fondo de pensiones de Canadá.

La voracidad de los fondos buitre no tiene límite. En 2018, Blackstone entró también en el mercado de las apuestas comprando Cirsa, uno de los imperios del juego en España, que en los últimos años, ha conseguido agrandar su negocio hasta contar con 4 casinos, alrededor de 35 bingos, cerca de 30.000 máquinas recreativas y unos 180 salones de juego. Desde 2019, Blackstone se hace además con la totalidad de Sportium, pasando a controlar más de 3.000 casas de apuestas cuyo público siempre se encuentra en los barrios más humildes de nuestra región. Quizás con estos datos se entienda mejor por qué Ayuso anunció hace apenas dos semanas la supresión del impuesto a las tragaperras.

Los fondos de capital riesgo se están convirtiendo en los dueños de nuestra región, aupados por 26 años de gobiernos del Partido Popular. Claro que su camino es de rosas como consecuencia de unas políticas de desregulación elaboradas como traje a medida para una apuesta política por la financiarización y mercantilización de nuestras vidas.

Sin embargo, existen posibilidades reales de hacer políticas públicas que actúen a favor de la ciudadanía. Lo veíamos este domingo en Berlín donde han demostrado que sí se puede expropiar 240.000 viviendas vacías a grandes fondos especuladores. Pero no hace falta ver ejemplos fuera de nuestro país porque los tenemos más cerca. Es el caso de las Illes Balears y Catalunya, donde se está poniendo freno a la apertura de locales de juego y casas de apuestas o regulando los precios de los alquileres para que dejen de ser los propios fondos quienes lo hagan. 

Es por ello que, en nuestra Comunidad, tenemos el reto de concienciarnos acerca de qué son y cuáles son las prácticas de estas empresas carroñeras que actúan en detrimento del bien común, para levantar un muro de contención frente a ellas. Así, hasta acabar con su brazo político.