Genoveva Crespo  Periodista

Las cuentas de España

El president del Govern, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la seua eixida de la reunió en el Palau de la Generalitat i abans que se celebre la segona reunió de la taula del diàleg ent
Pedro Sánchez y Pere Aragonès.
David Zorrakino - Europa Press

Finalmente, Pedro Sánchez se ha sentado en la mesa de diálogo -o de negociación, que depende de quien la nombre- con Pere Aragonés, con la determinación de rebajar el volumen del secesionismo. Y, en un golpe de efecto, ha ido a Aragón en menos de 24 horas, también con equipo ministerial, a dejar constancia de que está dispuesto a atender a cada Comunidad autónoma en sus inquietudes.

Dicho esto, tras una pandemia que nos ha dejado exhaustos, y como ya han escrito voces autorizadas y avanzan las encuestas, puede ser el rechazo de los jóvenes, hartos de tanta ficción e ineficiencia ante sus problemas, el que rebaje el volumen del independentismo y del secuestro de la vida política de España. Aunque lleve su tiempo.

También puede ayudar a los propósitos de Sánchez la facilidad que, una vez roto el cántaro de la independencia, tienen para reñir las distintas facciones del secesionismo. Ánimo con las diferencias.

Más allá de "lo político" que ha marcado el inicio de la mesa catalana, la incógnita es qué cifras van a usar después, porque su evolución contraría las expectativas de los independentistas. Ya no nos acordamos, pero las balanzas fiscales que exhibió Artur Mas para desentenderse de la gran recesión que asoló el mundo a partir de 2008 fueron el detonante de las masivas Diadas. En ellas se prometía que, con la independencia, los catalanes tendrían su cheque al portador y no sufrirían los efectos de la crisis, culpa de España.

Como recogió Josép Borrell en su respuesta, en forma de libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Mas y Oriol Junqueras sostenían que España debía a Cataluña, con datos de 2014, 16.000 millones de euros al año.

Siete años después, en junio último, el nuevo conseller de Economía de la Generalitat, Jaumé Giró, en una comparecencia en el Parlament elevaba el deficit fiscal de Cataluña a una cifra que estaba entre 18.000 y 20.000 millones, lo que supondría entre 2.400 y 2.600 euros por persona al año.

Como explican quienes conocen la contabilidad de España, es muy difícil ponernos de acuerdo en las cifras, que son muy discutibles y discutidas en la literatura económica y, por lo tanto, más aún en el debate político. No es fácil establecer la diferencia entre el gasto que hace el Estado en una comunidad autónoma y los ingresos que recibe de ella. Por no hablar de dónde se suma el IVA que pagan los consumidores del conjunto del país por los productos que venden las empresas catalanas.

Cataluña, que fue durante décadas el motor industrial de España, se ha beneficiado históricamente de medidas proteccionistas del Estado hacia sus manufacturas y ha tenido en las demás comunidades su principal mercado. Y ahora, tras la deriva secesionista, sufre los efectos de su ensimismamiento, mientras otras como la valenciana toma el testigo de enclave mediterráneo.

El tiempo ha minado así los argumentos económicos de los líderes independentistas y ha alumbrado un nuevo escenario que ha sido construido por sus propios víctimarios. Hasta que el secesionismo se adueñó del discurso, Cataluña lideraba, año sí y año también, la tabla de las comunidades que más aportaban al conjunto de España. Ahora, de todos es sabido que, ya antes de la pandemia y cuando estamos saliendo de ella, Madrid se ha escapado del resto y es la que más aporta al conjunto de España.

Con esa realidad, va a tener trabajo Giró para que sea creíble su papel como representante de los grandes agraviados de España. Y habrá que ver cómo reflejan las nuevas cuentas catalanas las aportaciones de energías renovables que esperan que les hagamos los demás, mientras tienen protegido todo su paisaje. Eso, ¿cuánto vale?

Y, una vez más, deberemos estar atentos ante las reivindicaciones de las comunidades más pobladas en el gran frente económico que viene: la negociación de la financiación autonómica. Si todos los españoles somos iguales, tal y como dice la Constitución, habrá que repetir mucho que la financiación debe sufragar los costes de la prestación de los servicios públicos, se viva donde se viva. En las cuentas de España todos tenemos derecho a lo nuestro.

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