Empecé a escribir estas palabras cuando todavía no había terminado la reunión entre los presidentes del Gobierno y la Generalitat de Cataluña. En este inicio ya podía asegurar que terminaría con buenas palabras y mejores intenciones, como el comienzo de las sesiones de la mesa negociadora y la voluntad de llegar a un acuerdo. Si eso ayuda a que nos vayamos todos de vacaciones con excelentes esperanzas, bienvenido sea el resultado oficial del esperado encuentro. Otra cuestión es la realidad que se ocultará tras la falta crónica de transparencia a que estamos acostumbrados. Y, otra aún más comprometida, lo que quedará aplazado en espera de que cambie algo en torno al conflicto de manera que todo continúe como está: sumergido en un callejón sin salida.

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Tanto Pedro Sánchez como Pere Aragonés están atrapados teniendo que negociar en el vacío. Por buena voluntad y deseo de éxito con que lo intentan, existe el insalvable obstáculo de los límites que a uno le impone la Constitución y a otro la presión de los fanáticos de su entorno. Una negociación necesita horizontes de entendimiento, aunque sean lejanos, y en estos momentos no se atisban por ninguna parte. El conflicto ha ido muy lejos, y no será fácil arreglarlo en la forma tradicional que inauguraron los acuerdos que sustentaron las investiduras de los gobiernos del PSOE y PP.

Las dos partes podrán discutir y pactar cuestiones variadas que empezarán, que nadie lo dude, por concesiones económicas que al final nunca serán suficientes. No parece probable que el rastro de corrupción dejado por Jordi Pujol y su entorno vaya a servir de ejemplo. Aragonés entre tanto tiene un amplio margen para reivindicar hasta llegar a lo imposible y Sánchez tendrá que empezar a comprender que con los indultos ya ha ido muy lejos: los beneficiados no los agradecen y el 73% restante de los españoles los censuran.

Ahora se ha sumado al enredo la condena del Tribunal de Cuentas contra los gastos indebidos que algunos dirigentes del Gobierno que promovieron y financiaron el referéndum ilegal. Los independentistas han encontrado un nuevo argumento para protestar y reivindicar la excepción y el Gobierno un problema legal que si se resuelve mal acabará con la autoridad de una Institución, como es el Tribunal de Cuentas, que además de su legitimidad requiere que sus decisiones sean iguales para todos. Otra cesión del Gobierno contribuiría a desacreditarlo aún más y sin garantías de que sirva para algo cara al futuro.

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Los independentistas catalanes llevan varias décadas reivindicando más y más y después más. La experiencia demuestra que su capacidad de reivindicación es inagotable. Llegará un día en que todo lo que se les conceda será poco porque detrás está la reclamación de independencia que se sabe es imposible. Es importante que los presidentes rompan barreras de aislamiento, que se reúnan, hablen, negocien y, lo que de partida se intuye como más necesario: que lleguen a un entendimiento, hasta ahora insólito, para que los dos frentes en que se ha dividido la sociedad comprendan que la mejor solución es la que no contentará a ningún, pero beneficiará a todos.