Colombia está atravesando unos momentos críticos. La crisis desencadenada por la pandemia se agrava por las manifestaciones populares en medio de una huelga general que se extiende por las grandes ciudades y la brutalidad de la policía, empeñada en reprimirlas con violencia, han dejado ya una treintena de muertos, centenares de heridos y un ambiente de crispación general que mantiene al país al borde de una revolución e incluso de una guerra civil.

El conflicto entre las masas populares enfurecidas y el Gobierno se ha agravado ante la falta de diálogo. El Gobierno ha fijado la solución en la actuación de las fuerzas de seguridad, cuya virulencia en la represión ha encrespado más aún a los manifestantes. Tanto algunos organismos internacionales como varios gobiernos extranjeros han criticado la escalada del conflicto y las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. 

En las últimas horas, el presidente de la República, Iván Duque, ha tomado una iniciativa de negociación con los activistas y ha anunciado que se reunirá con la Coalición de la Esperanza, una organización improvisada e integrada por algunos grupos diferentes entre los partidarios de encontrar una solución al paro y los conflictos colaterales que está generando. Son varios los motivos que promueven las protestas, pero, entre todos, resalta un verdadero estallido social de millones de familias que viven en la pobreza extrema.

La prolongación de la huelga, que afecta a la mayor parte de la producción y distribución, está creando desabastecimiento en algunas áreas urbanas y disparando los precios de los productos de primera necesidad, lo cual agrava aún más la situación.