Solo una batalla perdida resulta más deprimente que una batalla ganada. Eso le oyeron decir al duque de Wellington tras la victoria de las tropas aliadas contra Napoleón. Ocurrió hace más de dos siglos en las campas de Waterloo, a veinte kilómetros de Bruselas, donde se dejaron la vida más de 50.000 soldados de ambos bandos. Un baño de sangre que acabó con el sueño napoleónico y devolvió las fronteras a su estado anterior. Aquellos acontecimientos pusieron a esa pequeña ciudad belga en el mapa de la historia y hasta el grupo Abba, en los años 70, le dedicó a la ciudad una canción de amor.

En Cataluña, desde hace tres años, cuando se habla de Waterloo ya no se piensa en Napoleón ni en Wellington, ni siquiera en la música de Abba, sino en la mansión del fugado Puigdemont. Allí donde instaló sus reales tras huir como un contrabandista en el maletero de un coche y pasar un tiempo instalado en un hotel de la capital belga. 500 metros cuadrados, seis habitaciones, tres cuartos de baño y casi cinco mil euros de alquiler en una de las zonas residenciales más lujosas de Bélgica. Así vive el prófugo de la justicia española y, probablemente, allí seguirá viviendo por mucho tiempo a pesar de la decisión, esta semana, del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad como eurodiputado, al igual que a sus compañeros de farra, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Llarena sabe que Puigdemont y su banda cuentan, a priori, con la protección de los tribunales belgas

Fue una votación rotunda a favor de las tesis de la Justicia española de que un delito no puede quedar impune usando como refugio una institución parlamentaria. Es, por encima de todo, una victoria del Estado español, cuyo ordenamiento jurídico y democrático queda plenamente reconocido por mucho que el independentismo trate de voltear el resultado con su alquimia victimista.

Conocida la retirada de la inmunidad y antes de reactivar las euroórdenes, el juez Llarena pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aclare si los jueces belgas pueden negarle las extradiciones, movimiento que atisba un conflicto de competencias dentro de la UE. Llarena sabe que Puigdemont y su banda cuentan, a priori, con la protección de los Tribunales belgas, que han mostrado en sucesivas ocasiones su alergia a las extradiciones. Así actuaron amparando a terroristas de libro y así lo ha hecho recientemente al rechazar la devolución del exconseller Lluís Puig al considerar que a nuestro Tribunal Supremo no es competente para solicitar la entrega y que en España no tenía garantías de un juicio imparcial.

Carles Puigdemont se siente protegido en Bélgica, desde donde pretende seguir manejando al Gobierno de Cataluña y alterar la política española proyectando ante su parroquia la imagen de mártir mientras mantiene su vida principesca. Un lujo que le proporcionan unos cuantos empresarios e influyentes amigos enchufados a las instituciones donde manejan dinero público los de Junts per Catalunya.

La ruptura del autodenominado "bloque del exilio" por parte de Meritxell Serret es un pésimo augurio para Puigdemont

En realidad, casi nadie quiere la vuelta del expresident y, de momento, la votación del Parlamento Europeo comporta un serio inconveniente para su existencia porque, desde ahora, solo está seguro en Bélgica. Fuera de sus fronteras puede ser detenido y enviado a España. 

La ruptura, este jueves, del autodenominado "bloque del exilio" por parte de la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, que se fugó con él en 2017, y su decisión de entregarse a Llarena es también un pésimo augurio para Puigdemont, y aún más su inmediata puesta en libertad.

Waterloo no tiene más interés que el de su historia y Bélgica es un país bonito, pero anodino. Aquella mansión será un pudridero dorado en el que, como dice la canción de Abba, se enfrentará a su decadencia.