Ya era hora. La reciente sentencia del Tribunal Supremo reconociendo que los riders son personas empleadas y no empresarios debería poner fin a una parte de una de las más sangrantes manifestaciones de precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo: los falsos autónomos. Y digo una parte y no el todo porque los riders son solo una pequeña fracción del problema. La más visible, porque la vemos cada día en nuestras calles; de las más dolorosas, por lo obvio de la relación laboral entre la multinacional de la economía digital y el chaval que pedalea, pero solo una parte; y una parte pequeña.
La nueva legislación que promete la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no añadiría mucho en la reducción de la precariedad en nuestro país si se limita a repetir lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo en base a nuestro actual marco jurídico. Para reconocer a los riders como personas empleadas no hace falta ninguna ley nueva. Si hubiera una ley nueva, tendría que ir más allá.
Allí donde hay más pobreza laboral
y precariedad aumenta más el empleo
de plataformas
España es el país de Europa en el que más han crecido los trabajos de plataformas. Los estudios sugieren que allí donde hay más pobreza laboral y precariedad aumenta más el empleo de plataformas. El trabajo en ellas no es solo el de los mensajeros. Los algoritmos no deberían restarle capacidad al contrato de trabajo como mecanismo que nos permite reconocer los derechos y deberes de trabajadores y de empresas.
En este sentido, la ley debería tratar de regular un poquito ese futuro del trabajo que ya está aquí, que está lleno de promesas de un mundo mejor, pero también de amenazas de mayor desigualdad y precariedad.
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