Llámenlo ingreso mínimo vital, renta social extraordinaria, renta garantizada, renta básica o de emancipación, pónganle el nombre que quieran pero, aprueben cuanto antes este salvavidas para la población que, como consecuencia de esta crisis, se ha quedado sin nada.

Llevamos semanas escuchando en los medios de comunicación como el debate sobre la necesidad de aprobar una Renta Básica iba ganando adeptos. Hasta el mismísimo Luis de Guindos se había pronunciado a favor aunque solo fuera por el incentivo que supone para el consumo que la gente tenga dinero para poder consumir, valga la redundancia. Y, sin embargo, algunas voces dentro el Gobierno parecen haber enfriado el tema demostrando no tener ninguna prisa en aprobar esta medida, perdiendo de vista que de este ingreso puede depender la subsistencia de cientos de miles de personas, perdiendo de vista que hay vidas en juego. 

No debemos perder la perspectiva de que, efectivamente, hay muchos tipos de rentas básicas, y en algunos casos los planteamientos meramente caritativos distan mucho del objetivo último de la medida que, desde mi punto de vista, no es otro que redistribuir la riqueza y garantizar la dignidad y la emancipación de las personas. 

Sin embargo, lo que es claro es que la Renta Básica en nuestro país era ya una medida que podía calificarse de necesaria antes de esta pandemia tal y como demuestran los aterradores datos publicados en el VIII Informe Foessa (Fundación impulsada por Cáritas) el pasado mes de junio; el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones es decir, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis) o, tras constatar como nuestro país encabeza, desde 2017, el tercer puesto del ranking de países con mayor desigualdad de la Unión Europea por delante incluso de Rumanía, y sólo por detrás de Bulgaria y Lituania, según datos de Eurostat. 

Si esto era así antes de esta crisis, parece evidente que la medida debe calificarse actualmente como imprescindible pero sobre todo, de urgente, si efectivamente no queremos dejar a nadie atrás.

La medida debe calificarse 
actualmente como imprescindible

El mencionado informe Foessa nos alertaba además de que las actuales Rentas Mínimas ( concedidas por las Comunidades Autónomas) tienen cada vez un alcance menor en proporción a la cantidad de población que las requiere. Y por otro lado, los subsidios por desempleo no consiguen abarcar a toda las personas que se quedan fuera del mercado laboral y que tampoco cumplen los estrictos requisitos para acceder a Rentas Mínimas. Ambos sistemas llevan años demostrando que son incapaces de asumir el aumento de volumen de población en riesgo y en situación de exclusión social ( 8, 5 millones de personas en nuestro país solo en 2019). 

En definitiva, ya sea para cubrir esa bolsa de población que lleva años sin protección o ya sea para cubrir los efectos económicos y sociales derivados de la crisis de la Covid-19, un ingreso mínimo vital se hace más necesario y urgente que nunca. 

Y si además, este sienta las bases para implementar una futura renta básica universal no solo conseguiremos frenar las consecuencias de esta nueva crisis si no que incluso, podremos empezar a revertir la crisis sistémica de pobreza y desigualdad que arrastramos desde 2007.