Curiosamente, mientras Cataluña es la comunidad más aconfesional de España, donde más ha caído la celebración de bautizos, comuniones y bodas por la Iglesia, muchos de los dirigentes independentistas –desde Artur Mas hasta Quim Torra– son de misa. Tampoco es casualidad que Carles Puigdemont sea del pueblo de Amer (Girona), que a mediados del siglo XIX fue el kilómetro cero del carlismo catalán o que los grandes núcleos del independentismo (Berga, Ripoll, Solsona o Vic) se correspondan con los del viejo integrismo católico. Por todo ello se dice que hay vestigios del carlismo en el independentismo, cuyos dirigentes provienen mayoritariamente de esa Cataluña interior. Tampoco ERC, que en su origen fue un partido anticlerical, escapa hoy de las influencias religiosas y su líder, Oriol Junqueras, se reivindica como católico practicante. Según ha declarado él mismo, desde que está en la cárcel dedica mucho más tiempo a la oración.

Lo que no sabemos es si está cumpliendo con el sacramento de la penitencia, es decir, del arrepentimiento y la contrición. En octubre de 2017 boicoteó la convocatoria de elecciones que Puigdemont quería llevar a cabo en lugar de proclamar la independencia como respuesta a la aplicación del art. 155. De haber sido así, la vía judicial hubiera cogido un camino más benigno, sin querella por rebelión y seguramente sin penas de prisión. Pero Junqueras pretendió que la antigua CDC pagara el pato de la traición al procés y actuó con malicia política. En privado a los empresarios les decía una cosa y en público aparentaba otra. Se calló cuando debió hablar y dejó que la radical Marta Rovira llevara la voz cantante en nombre de ERC. La paradoja es que el expresident acertó al fugarse de la justicia española y ayer pudo ejercer de eurodiputado en Estrasburgo, mientras Junqueras sigue en la cárcel e inhabilitado 13 años.

La responsabilidad de Junqueras, pues, no es menor que la de Puigdemont. Lo irónico es que esté pagando un castigo mayor que el expresident y que postule ahora el pragmatismo frente al irredentismo de su rival. Tal vez sea esa su penitencia por el esencialismo separatista de antaño y la doblez política de la que ha dado tantas pruebas. Pero se rumorea que recibirá pronto el perdón de estar en la cárcel a través de una reforma exprés del Código Penal que impulsará el nuevo Gobierno bicolor para rebajar la pena por sedición. Entre tanto, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que de ministra de Justicia ha pasado sin escrúpulos a ese otro cargo, indica que la "desjudicialización" de la justicia anunciada por Pedro Sánchez para afrontar la crisis en Cataluña consistirá en someterla a todas las conveniencias.