El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra.
El jefe del Ejecutivo informó el pasado viernes a Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018. Este mismo lunes, Juan Carlos Campo tomará su relevo al frente del Ministerio.
El Consejo extraordinario de Ministros previsto para este martes aprobará en su primera reunión la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Después deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, antes de su nombramiento por el Rey tras el preceptivo dictamen del Consejo General del Poder Judicial.
El nombramiento de Dolores Delgado es insólito por ser la primera vez que el Gobierno designa a un exministro de Justicia para dirigir la Fiscalía General del Estado, aunque no es el primer integrante del un ejecutivo que llega después a ostentar este cargo.
La Fiscalía actúa con independencia del Ejecutivo, según el ordenamiento jurídico, pero esa independencia quedó en entredicho cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en RNE dijo que la Fiscalía General dependía del Gobierno, al ser preguntado cómo tenía previsto traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont. "¿La Fiscalía de quién depende?" preguntó Sánchez a su entrevistador, a lo que este respondió: "del Ejecutivo". "Pues ya está", zanjó el presidente, en lo que ha sido una de sus más polémicas intervenciones.
Sánchez matizó después estas declaraciones en otra entrevista en La Sexta en la que reconoció la autonomía del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial. "El nombramiento de la Fiscalía depende del Gobierno pero es autónoma", precisó el presidente, que añadió que la labor del Ejecutivo es "ayudar" a la Fiscalía y al Poder Judicial para que la extradición de Carles Puigdemont sea posible cuanto antes.
Según establece la Constitución, cuando asuma el cargo, Delgado se responsabilizará de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados" y de "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
Retos: la cuestión catalana
Delgado tendrá ahora ante sí ese reto de conseguir la vuelta de Puigdemont, que está pendiente de la euroorden emitida a Bélgica por el Tribunal Supremo, así como el de establecer la posición de la Fiscalía frente a los continuos recursos de los condenados por el procés.
Entres ellos los tendentes a mantener su condición de eurodiputados como es el caso del propio Puigdemont, el exconsejero Antoni Comín, que se encuentra con él en Bruselas, o del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que la pasada semana perdió finalmente su condición de eurodiputado por orden del Supremo.
Hasta ahora la Fiscalía se ha mantenido firme en su postura frente a los independentistas catalanes a los que pidió condenar por un delito de rebelión frente al de sedición que defendió la Abogacía del Estado. De hecho, el Ministerio Fiscal ha optado por mantener la acusación por el delito de rebelión en el juicio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero que comenzará la próxima semana, sin perjuicio de poderlo cambiar en la fase final de la vista oral.
Ahora, con la llegada de Delgado a la Fiscalía General, en la que tendrá bajo su mandato al que fuera su jefe en la Audiencia Nacional y que fue uno de los fiscales en el juicio del procés —Javier Zaragoza—, está por ver si esa postura cambia, incógnita que podría empezar despejarse en el juicio de Trapero, si finalmente ordena retirar la acusación por rebelión.
Perfil: experta en la lucha contra el terrorismo
Tocada por el 'caso Villarejo', Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera". Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia. Perfil: experta en la lucha contra el terrorismo
Nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.
Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo. Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Ello finalmente se logró el pasado 24 de octubre, tras ganar la batalla en los tribunales. Delgado tuvo un papel esencial en el momento en el traslado de los restos del dictador desde Cuelgamuros hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, pues como ministra de Justicia ha ostentando el cargo de notaria mayor del Reino.
Los audios de Villarejo
Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión —dos meses después de tomar posesión— de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía. Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario.
Delgado, reprobada tres veces —una de ellas con la abstención del ahora socio de Gobierno, Unidas Podemos— como ministra de Justicia, acusó a la derecha de haber alimentado las "cloacas" del Estado y usarlas después contra ella.
Estos hechos se sumaron a la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.
Una tercera censura llegó por parte de la cámara baja por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes independentista en prisión por el 'procés'. Los servicios jurídicos del Estado acusó de sedición y el Tribunal Supremo les condenó por este delito.
Huelga de jueces y fiscales
Durante estos primeros meses, Delgado también tuvo que hacer frente a las exigencias salariales y laborales de las asociaciones de jueces y fiscales, que ella misma abanderó como vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal —órgano consultivo del Ministerio Público— contra el equipo ministerial liderado por Rafael Catalá. Ya al frente de las negociaciones como ministra, estos colectivos decidieron hacer una huelga. Entre las reivindicaciones de jueces y fiscales que ha intentado llevar a cabo es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece el límite temporal de los plazos de instrucción. Si bien, aunque en varias ocasiones ha reprochado al PP que esté paralizando su tramitación en el Congreso presentando más de 60 enmiendas, la ministra expuso que ella no podía hacer nada directamente porque no puede "usurpar las funciones al Legislativo".
Finalmente, las tensiones se aliviaron una vez que se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incluyeron algunas de las reivindicaciones de las asociaciones sobre derechos laborales, permisos y licencias que jueces y fiscales han recuperado, así como la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En dicha modificación también se contempló el cambio en el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. Sus vocales volverán a tener dedicación exclusiva, dando así fin al sistema "presidencialista" impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012; pero sin embargo no se llegó a ningún tipo de acuerdo para que sus miembros sean elegidos directamente por jueces y magistrados.
Reformas contra la violencia de género
Con esta reforma legislativa también se han puesto en marcha medidas urgentes incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, relacionadas con la formación de los profesionales. Además, declara la violencia machista como una especialidad jurídica, como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional. Asimismo, ha dejado casi ultimada la anunciada futura reforma penal relativa a los delitos sexuales, que próximamente se llevará al Consejo de Ministros, según han apuntado fuentes del Ministerio de Justicia
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