El lunes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue inhabilitado en firme por haber retirado una pancarta tres días después de que se lo hubiera ordenado la Junta Electoral Central. Es decir, un despropósito: una decisión impropia en un estado de derecho donde las penas deberían ser proporcionales al delito cometido.

Sí, es cierto, el presidente Torra debería haber valorado las consecuencias de sus actos, pero como que la respuesta de la justicia española es tan descaradamente desproporcionada, no voy a perder ni un segundo hablando del presidente vicario.

En países donde sus eméritos no hacen regalos de 65 millones ni huyen con la colaboración de sus gobiernos ni tienen supuestas fortunas ocultas, no se inhabilitan presidentes de sus territorios que, a la vez también son estado, por una pancarta.

En esos mismos países, donde la democracia no es una ocurrencia para seguir manteniendo privilegios, la justicia no es vengativa.

Sí, aunque parezca mentira, hay países, la mayoría de la Unión Europea, por ejemplo, que, cuando hay problemas políticos, no se recurre a los tribunales, sino que se solucionan políticamente.

España tiene hoy muchos problemas, pero que muchos, empezando por la pandemia y las graves consecuencias de toda índole que ha acarreado y que, de seguir como seguimos, todavía irán a más: Madrid es un mal augurio. Y luego están los problemas políticos, con una cúpula judicial totalmente desbocada, politizada y al servicio de una derecha cada día más reaccionaria.