Se calcula que en el planeta existen unas 7.000 lenguas. El español es el segundo idioma más hablado del mundo, un privilegio que en España lejos de aprovechar y potenciar como un valor en un mundo cada vez más globalizado, nos dedicamos a pulverizarlo. ¡Estamos apañados!

En lugar de promocionar el español, aquí se imponen cuotas para frenar su avance, cuotas que son contranatura en un contexto internacional, en el que pintamos más bien poco y en el que manejarse en inglés ya no es suficiente. Y mientras las grandes potencias van por un lado, en España circulamos a la contra. Aquí con tanta cuota lingüística, ahora el TSJC plantea que se fije un complemento retributivo para jueces con destino Cataluña, porque, entre otros argumentos, la lengua propia supone un obstáculo para acceder a la carrera judicial. Quizás en lugar de esa retribución, se podía reclamar que estos profesionales pudieran usar indistintamente catalán y español en el ejercicio de sus funciones, con el fin de comunicarse de la mejor manera posible, objetivo último de cualquier idioma.

Con la que se quiere –dicen– convertir a España en un hub audiovisual, es decir, en un polo de atracción de inversión y talento internacional. Pues con esta premisa, ¡mal empezamos!

Más llamativa aún resulta la nueva ley audiovisual, en la que, a petición de ERC, se impone a las plataformas de streaming que ofrezcan un 6% de sus producciones en catalán, gallego o euskera. Esta norma supuestamente solo afectaría a empresas inscritas en España y no a compañías como Netflix. Todo un ejemplo para que compitan en igualdad de condiciones. Y eso que la ley audiovisual se ha elaborado en el marco de la Agenda 2025, con la que se quiere –dicen– convertir a España en un hub audiovisual, es decir, en un polo de atracción de inversión y talento internacional. Pues con esta premisa, ¡mal empezamos!