La reciente reconfiguración producida en el seno del Ejecutivo tras la denominada crisis de gobierno ha irrumpido este fin de semana. Lo cierto es que con estos cambios, y aunque a priori pudiera parecer contradictorio, nos encontramos en un momento óptimo en la estabilidad del Gobierno progresista.

Los recientes cambios de carteras en el Ejecutivo a falta de su puesta en marcha que arrancará este martes en el Consejo de Ministros parecen apuntar a un gobierno más político que afronta la segunda parte de la legislatura con un reto clave: la recuperación económica y social que afortunadamente ya comienza a vislumbrarse.

Una recuperación que debe cumplir con el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas en sintonía con el acuerdo de Gobierno pactado entre los socios Unidas Podemos y PSOE.

"Parece que la crisis de gobierno puede suponer una oportunidad para acercar posiciones en la ley de vivienda"

Una recuperación que debe ser capaz de llegar a todos los hogares, que nos permita salir de la crisis con menos desigualdad, de una forma radicalmente diferente a cómo superamos -si es que alguna vez llegamos a hacerlo- la crisis del 2008. Una recuperación que debe abordar el reto de la transición ecológica, con un claro eje e impronta feminista y, sobre todo, que avance en una ambiciosa agenda social que consiga poner en el centro el derecho a una vida buena.

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La llegada de los Fondos Europeos y, en particular, su distribución, marcará la próxima década de nuestras vidas. Por eso, será determinante que estos fondos no vayan únicamente a parar a los bolsillos más solventes, a los balances de grandes empresas, sino que deben llegar a percibirse entre las mayorías sociales de nuestro país.

Esta segunda parte de la legislatura será, en cierto modo, como una nueva legislatura. Una vez que comenzamos a dejar atrás la mayor crisis sanitaria de la historia y avanza el ritmo de vacunación.

Ha llegado el momento de poner en marcha todas las cuestiones pendientes de desarrollo que, en su momento, se suscribieron en el Acuerdo de Gobierno por parte de sus socios y fueron actualizadas en el Acuerdo de Presupuestos. Una de esas cuestiones pendientes pero urgentes es la incorporación del tipo mínimo impositivo del 15% en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas. Un paso que ya han acordado dar más de 130 países de la OCDE. Y en el que, como en tantas otras cosas, los países de nuestro entorno nos marcan el camino.

"Raquel Sánchez reguló en su municipio el precio de los alquileres. Ahora tiene la oportunidad de extenderlo al resto del Estado"

La otra gran cuestión pendiente -y urgente- es la aprobación de la ley de vivienda estatal. Una demanda social que lleva muchos años encima de la mesa por parte de colectivos y movimientos sociales y a la que se comprometieron los socios de coalición.

No son nada nuevas las diferencias de posición mantenidas sobre la regulación de los precios de los alquileres por parte del ya exministro José Luis Ábalos Meco con respecto a los planteamientos de Unidas Podemos. Sin embargo, parece que la crisis de gobierno puede suponer una oportunidad para acercar posiciones en esta cuestión crucial para tantísimos hogares, pues ahora será Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, la que ocupará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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Raquel Sánchez, siendo todavía alcaldesa, declaró su municipio área tensionada en aplicación de la Ley 11/2020, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Es decir, reguló en su municipio el precio de los alquileres. Una medida que ahora tiene la oportunidad de extender al resto del Estado en un ejercicio de coherencia política.

Una medida que ha resultado eficaz según los datos oficiales de la Generalitat, que arrojan que los precios entre enero y marzo de este año han bajado una media del 4,8% en los municipios que, como Gavà, han aplicado la regulación de precios. Mientras que en el resto han aumentado un promedio del 1,2%.

Además, en aquellos municipios donde se ha regulado el precio no se ha reducido la oferta ni se han firmado menos contratos de alquiler como vaticinaban algunos voceros del lobby inmobiliario, sino que ha aumentado.

La necesidad de regular -y bajar- los precios de los alquileres no es solo una demanda social clamorosa que obedece a la realidad económica de las personas, que no deberían destinar más del 30% de sus ingresos al pago de su vivienda. Es también una demanda económica de la propia OCDE que, recientemente, ha advertido de que los altos precios de la vivienda pueden ahogar la reactivación del consumo.

"Es necesario incluir mecanismos para frenar los desahucios sin alternativa habitacional adecuada"

En concreto, la OCDE ha emitido un informe en el que señala que, de media, el gasto en vivienda en los presupuestos familiares ha aumentado cerca de un 5% entre 2005 y 2015 y que “cada euro de más que se destina a la vivienda deja de ir a otras partidas de consumo como la cultura, la ropa, el ocio o la hostelería”.

En esta nueva etapa que se abre ante todos nosotros, una etapa de recuperación económica y social, no tendría ningún sentido que, precisamente, los altos precios de los alquileres dilapidaran o fueran freno para dicho crecimiento.

En definitiva, la regulación de los precios de los alquileres, en semejanza a como ya se ha conseguido hacer en Catalunya, es una de las cuestiones claves que debe incluir la ley de vivienda, pero no la única.

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Es necesario incluir mecanismos para frenar los desahucios sin alternativa habitacional adecuada, que actualmente se encuentran en su gran mayoría suspendidos hasta el próximo 9 de agosto por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional. Para conseguirlo, será necesario aumentar la inversión en Servicios Sociales como ya se ha comenzado a hacer desde el Ministerio de Derechos Sociales duplicando con 100 millones los fondos para reforzar los servicios sociales municipales, así como incorporar mecanismos y herramientas de protección de derechos humanos y formación en el seno de la judicatura.

La regulación de los precios de los alquileres y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional adecuada son dos medidas coyunturales imprescindibles encaminadas a frenar la emergencia habitacional.

Sin embargo, la ley de vivienda debe también comprender los mecanismos necesarios y estructurales para incrementar el parque de vivienda protegida de alquiler y caminar hacia el horizonte de conseguir un parque público de vivienda que alcance el 15% en los próximos años como ya sucede en muchos lugares de Europa.

"Hay que impulsar un cambio de paradigma que suponga una apuesta por un urbanismo sostenible y justo"

Para alcanzar ese objetivo se hace necesario corresponsabilizar a los actores privados en dicha misión, así como movilizar la vivienda vacía en consonancia con su función social. La vivienda vacía supone una auténtica lacra que únicamente ha servido para colaborar en la conformación de burbujas especulativas.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustiva, se hace imprescindible incluir mecanismos que permitan la compra preferente de vivienda por parte de las Administraciones y que ya están funcionando en territorios como la Comunidad Valenciana; la protección del uso de vivienda habitual frente a fenómenos como la vivienda turística, o la rehabilitación y la mejora de la vivienda existente. Y todo ello, por supuesto, impulsando un cambio de paradigma que suponga una apuesta por un urbanismo sostenible y justo.