La galería se extiende unos 100 metros con las entradas de las viviendas a ambos lados. Algunas están selladas con puertas blindadas "anti-okupación". La ropa cuelga desde los pisos superiores y las paredes están desconchadas.

Los apartamentos son pequeños, muchos de ellos sin otra ventilación que la ventana que da al interior de la corrala, un bloque de más de 50 viviendas levantado hace 98 años en la calle Cáceres, en el distrito madrileño de Arganzuela.

"Este bloque es como mi familia", declara Marcela Cuadros, la antigua portera, ya jubilada, que vive en el edificio desde 1980. "Estos son mis cuatro hijos, mi marido y esta soy yo, en la boda de mi sobrino", explica Marcela, sosteniendo una foto de su familia de los tiempos en los que todos vivían en ese pequeño piso de poco más de 30 metros cuadrados.

Ahora solo queda ella con uno de sus hijos, su nuera y su nieto de 19 meses. El 2 de julio recibieron una orden de desahucio junto a los vecinos de otras 16 viviendas del bloque para el próximo miércoles.

Jorge Paris

"Esta casa la he reformado con mi dinero, me gusta el hecho de que no tenga que subir escaleras, no tengo humedad ninguna, aquí calor no hace… No sé a dónde vamos a ir"

La corrala

Cuando se construyó el bloque, Arganzuela era un área industrial, apenas urbanizada. Así siguió siendo hasta finales del siglo pasado cuando las vías del ferrocarril que atravesaban el distrito fueron cubiertas por un carril bici, las fábricas fueron desapareciendo y dando paso a modernas viviendas y la autopista M-30 se soterró bajo el elegante parque bautizado como Madrid Río.

Ahora, el barrio se ha convertido en una de las zonas más cotizadas de la capital y los precios de los alquileres se han disparado, haciendo que bloques como este sean valiosas inversiones. "Me daría pena irme del barrio, porque llevo aquí toda la vida", declara Marcela. "Y especialmente esta casa, que la he reformado con mi dinero, el hecho de que no tenga que subir escaleras, no tengo humedad ninguna, aquí calor no hace… No sé a dónde vamos a ir".

Cuando Marcela comenzó a trabajar aquí, el edificio al completo era propiedad de una sola persona, Luisa Sancho Coloma. Con ella firmó un contrato laboral que incluía el derecho a vivir en el piso, una cláusula que se mantuvo cuando la heredera vendió el edificio a una empresa llamada Gir Building Group Corporation en el 2006, en plena burbuja inmobiliaria.

Jorge Paris

"Nos hizo un contrato una persona que dijo que el piso era suyo, nos engañó a todos, estuvimos pagando un tiempo hasta que cogió el dinero de todos y se fue"

La estafa

Los nuevos propietarios habilitaron dos pequeños pìsos de la planta baja y montaron sus despachos. Hasta allí bajaban los vecinos mensualmente para pagar sus alquileres en metálico y allí se firmaban los contratos con los nuevos inquilinos.

Óscar Rodríguez pasó por esa pequeña oficina hace seis años. Catalán de origen, entonces acababa de llegar a Madrid y firmó un contrato de 360 euros por un piso que compartía con su pareja. Tres años después, tuvo que someterse a un trasplante de riñón y, ahora, con 42 años, vive solo, cobrando una pensión de 600 euros mensuales.

"Nos hizo un contrato una persona que dijo que el piso era suyo, nos engañó a todos, estuvimos pagando un tiempo hasta que cogió el dinero de todos y se fue", explica Óscar, que es otro de los 17 vecinos que ha recibido una orden de desahucio para este miércoles. "Aquí en Madrid no tengo a nadie, tengo a mi madre en Salamanca, pero estoy trasplantado de riñón y el hospital que me lleva está aquí en Madrid y tengo que ir cada mes a hacerme una revisión. Sería muy complicado", explica.

Dos plantas más arriba vive Naima Firas, de 63 años. Ella firmó un contrato de 600 euros con Gir Building en 2009 por una vivienda luminosa de dos habitaciones, donde actualmente vive sola tras divorciarse de su marido hace tres años. "Todos los meses bajaba a pagar a la oficina, y un día les escuché discutiendo entre ellos y uno gritaba: '¡Eso no se puede hacer, es una estafa!'", relata Naima. "Al día siguiente, no había ni dios allí y ya nunca les volvimos a ver el pelo".

Jorge Paris

"Todos los meses bajaba a pagar a la oficina, y un día les escuché discutiendo entre ellos y uno gritaba: '¡Eso no se puede hacer, es una estafa!’'. No les volvimos a ver el pelo"

La oferta

La treintena de viviendas propiedad de Gir Building dejaron de pagar cuando los representantes de la empresa desaparecieron. Era marzo de 2015 y, apenas unas semanas después, los inquilinos descubrieron quién era realmente su nuevo propietario a través de una carta de desahucio.

Gir Building había subastado en 2012 las viviendas que aún poseía y acabaron en manos de un banco sin informar a los vecinos. Ya en plena crisis inmobiliaria, estos activos considerados tóxicos fueron a parar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb, un "banco malo" participado en un 45% por el Estado. Estas viviendas habían ido cambiando de manos con sus inquilinos dentro y, ahora, la Sareb buscaba deshacerse de ellas a través de una venta que requería la salida de los vecinos sin dar opción a la renovación de sus contratos.

Carlos Danilo Huertas, de 50 años, había sido uno de tantos inmigrantes latinoamericanos en llegar al edificio a principios de siglo. Entonces, alquiló una cama en un piso abarrotado en este mismo edificio, donde, tras varios años trabajando en la construcción, regresó junto a su primo hace ocho. Firmó un contrato de 380 con Gir Building por una casa que "no tenía nada" y que él mismo reformó con sus propias manos. En 2019, recibió una primera carta de desahucio de la Sareb.

"Un tiempo después, vinieron dos tipos trajeados y me dijeron que representaban a los futuros compradores", relata Carlos, que cobra una pensión de 580 euros tras sufrir una desviación de la columna poco antes de la pandemia. "Me ofrecieron 2.000 euros por abandonar el piso, pero con eso no te da para nada. Les dije que no, nosotros vamos a luchar hasta el final y a ver cómo va la cosa. No podemos coger el dinero y el resto que se arregle, tenemos que ir todos unidos". Ninguna de las 17 familias ha aceptado el dinero.

Jorge Paris

"Me ofrecieron 2.000 euros por abandonar el piso, pero con eso no te da para nada. Les dije que no, nosotros vamos a luchar hasta el final y a ver cómo va la cosa"

El presidente

Julián de los Mozos, de 68 años, también rehabilitó su vivienda él mismo cuando se mudó al bloque hace 10 años. Ahora vive allí con su mujer, su hija y su nieto. Tras haber trabajado como camarero y transportista, ahora percibe la renta mínima de inserción, igual que su mujer.

Cuando recibió en 2015 la primera carta de desahucio de la Sareb, decidió ponerse inmediatamente manos a la obra para frenarlo. Buscó una abogada y logró que 15 de las 19 viviendas que iban a ser desahuciadas -todas las que no eran de renta antigua y una que sí lo era- participaran en su contratación. La abogada logró parar este primer desahucio.

En 2019 hubo otro intento de desahucio, que volvió a ser paralizado por la misma abogada y, después, la pandemia puso todo el proceso en pausa hasta el pasado 2 de julio, cuando las 17 viviendas recibieron una nueva carta de desahucio de la Sareb.

El móvil de Julián suena con el tono de un acordeón, lo coge y al otro lado se escucha a otro vecino: "Don Julián, ¿cómo va la cosa?". "Ellos se fían de mí y me preguntan, soy prácticamente el que ha movido todo", explica.

Con cada comunicado de la abogada, va puerta a puerta informando a los vecinos. Un día, en una reunión con la asistencia social, fue el primero en tomar la palabra, quizás inspirado por su época de enlace sindical, y los vecinos le nombraron vocal. Desde entonces le conocen como "presidente".

Jorge Paris

"Ellos se fían de mí y me preguntan, soy prácticamente el que ha movido todo"

El desahucio

Fue la abogada que les representa desde 2015 la que recomendó a Julián contactar con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para tener otra herramienta de presión. La semana pasada, activistas de esta organización acudieron al edificio y ayudaron a los vecinos a forrar la fachada de carteles. El próximo miércoles, acudirán a la puerta del inmueble para tratar de impedir que se realice el desahucio.

"Estamos en una negociación colectiva de todo el movimiento de vivienda con la Sareb en Madrid para intentar regularizar la situación de todas las afectadas en una vivienda de esta entidad y se supone que, mientras dure esta negociación, no habrá desahucios", explica Diego, activista de la PAH Centro Arganzuela. "Si no lo paran es como torpedear toda negociación y no creemos que sea su voluntad".

Los vecinos, entre tanto, tienen un discurso unánime que repiten en todos los casos: "No queremos vivir gratis, queremos seguir aquí pagando un alquiler social".