Más de tres décadas después de la creación del Estado de las Autonomías, las dudas sobre su sostenibilidad, eficacia, coste y endeudamiento han abierto un debate en el que los dos principales partidos coinciden, con matices, en la existencia de duplicidades y disfunciones en el modelo, que abogan por solucionar.

La mecha la prendió el pasado día 14 el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien dijo que el Estado tal y como está configurado actualmente no es políticamente viable y es "financiera y absolutamente inviable".

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el modelo está en "vigor" y tiene "vitalidad", aunque es partidario de que las comunidades hagan un "esfuerzo conjunto y exigente" con el fin de gestionar los asuntos públicos "con la mayor austeridad y eficiencia posible".

Aunque algunos dirigentes del PP han apostado por la devolución de competencias al Estado, el líder del partido, Mariano Rajoy, ha rechazado tajantemente esta misma semana cualquier devolución de competencias "por el momento".

En el debate abierto, las comunidades rechazan dar pasos atrás en la descentralización, que ligan al Estado del bienestar, aunque reconocen que existen desajustes en el modelo que están dispuestos a corregir.

El tema está sobre la mesa desde hace algunos meses. De hecho, el Gobierno ya ha pedido un informe a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que determine los solapamientos y duplicidades que existen en materia competencial.

Desde el Ejecutivo se reconocen dichas "distorsiones", pero se asegura que no va a suscitar ningún planteamiento "recentralizador o renacionalizador" de España.

Una idea que se repite desde el PSOE, que rechaza una revisión a la baja del modelo autonómico español, cuyo desarrollo considera un éxito de todos, pero defiende la necesidad de ajustes para ser "más eficientes".

Algunas comunidades ya han empezado a "adelgazar" sus estructuras con la reducción de consejerías, mientras otras meterán la tijera en aspectos polémicos como las televisiones autonómicas o las embajadas de las regiones en el exterior.

La deuda regional es uno de los aspectos que más alimenta los reproches a un nivel de la Administración que muchos ven como responsable, en parte, de la crisis económica que vive España.

A finales del pasado mes de noviembre, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que dos comunidades (Castilla-La Mancha y Murcia) presentaban un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para 2010, por lo que tendrían que adoptar medidas de importante calado.

El resto también ha tenido que apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En una reciente entrevista en el Financial Times, Zapatero avisó a las comunidades de que si no cumplían con el control de gasto público "actuará el Gobierno".

Horas después, Cataluña anunció que tenía un déficit superior al que oficialmente se había reconocido por el anterior Tripartito y que las necesidades de caja, de financiación y de refinanciación son urgentes.

El Ejecutivo respondió a Cataluña que si supera el objetivo de déficit, "como parece que va a ser", se le limitarán las emisiones de deuda y lo primero que tendrá que hacer es presentar un plan de reequilibrio que deberá ser aceptado por la Administración General del Estado.

La deuda de las autonomías representa el 10,2 % del PIB, mientras que la de la Administración central es el 44,1% y la de los ayuntamientos, el 3,4%.

En el tercer trimestre del año pasado la deuda de la Administración central aumentó respecto al mismo período de 2009 un 14,9%, mientras que la autonómica creció un 27,3%, casi el doble, hasta alcanzar los 107.624 millones de euros.

La organización territorial del Estado español en comunidades autónomas tiene su embrión en el título VIII de la Constitución de 1978. Desde su aprobación, pasaron diez años hasta que se quedó pulido por completo el mapa autonómico, que quedó constituido por 17 comunidades y dos ciudades autónomas.

En la actualidad, las comunidades han ampliado su techo de autogobierno a través de sucesivas reformas de sus estatutos, algunas más polémicas que otras, que se han traducido en la asunción de nuevas competencias.

Como resultado de ello, España se ha transformado en uno de los países occidentales con mayor grado de descentralización.

Los datos así lo demuestran: las comunidades han pasado de gestionar el 19% del gasto público en 1987 al 43% en 2008.

El Estado, por su parte, ha rebajado su participación en el gasto consolidado del sector público del 67 al 39% en dicho período.

Los entes locales apenas han variado y sólo han conseguido arañar tres puntos, hasta el 18%, en 20 años.

El incremento en la gestión de recursos públicos ha ido aparejado a la asunción de competencias por parte de las comunidades, que, en su conjunto, desde 1979 han firmado 1.964 acuerdos de transferencias.

Dichos acuerdos han supuesto el traspaso de 821.989 funcionarios a las comunidades. Sólo en la última legislatura las regiones han recibido 751 millones de euros por los 72 traspasos acordados.

Los datos del dinero que ha ido a parar a manos de las comunidades desde 1979 supera los 25.000 millones de euros, en valores corrientes de cada año y no valores constantes, según datos del Gobierno.

Por coste efectivo, la legislatura en la que se hicieron traspasos por mayor cuantía fue la del 2000 al 2004, con 11.700 millones de euros. Fue en aquel periodo cuando se traspasó a las comunidades autónomas la gestión de la sanidad pública, uno de los apartados, junto con la educación, que más coste representa para las regiones.

Los últimos datos del Ministerio de Política Territorial señalan a Cataluña como la comunidad que más transferencias ha recibido del Estado, 187, seguida de Andalucía y Galicia, empatadas a 154, y la Comunidad Valenciana, con 131.

Así, prácticamente todas las materias han sido descentralizadas en todo o en parte, desde la educación y la sanidad hasta las políticas sociales, el urbanismo o el medio ambiente, entre decenas de asuntos, y la cesión de algunos tributos.

La descentralización también ha afectado a la política de personal, con un aumento paralelo en el número de funcionarios que ha pasado a depender de las comunidades que, además, han ido creando más plazas de empleo público conforme desarrollaban sus estructuras.

En estos momentos, la mitad de los funcionarios (1,3 millones de los 2,6 millones que hay en el conjunto del país) trabaja para la administración regional.

La Administración General del Estado (AGE) mantiene 591.559 funcionarios, las universidades ocupan a 100.672 empleados públicos y los entes locales a más de 657.000.

Andalucía, con casi medio millón de funcionarios, es la comunidad autónoma con más empleados públicos, seguida de Madrid, con 430.971, y Cataluña, 304.515, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Gracias a los ingresos de los que disponen, las comunidades han ido engordando sus estructuras administrativas hasta el punto de que sólo en consorcios, entidades públicas empresariales, agencias o fundaciones, su número se ha incrementado en un 28,6% en los últimos seis años.

De los 1.537 entes de este tipo que había en 2003 se ha pasado a 2.012 en 2009, año en el que las comunidades tenían abiertas en el extranjero cerca de doscientas oficinas para su representación exterior.

Cataluña, con 335 entes, 48 más que en el año 2003, lidera este ránking.