El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado el secreto del sumario del 'caso Pretoria', la presunta trama de corrupción en varios ayuntamientos barceloneses liderada por el ex diputado del PSC Luis García, después de que la sala de lo penal del tribunal le haya ordenado hacerlo.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que a partir del jueves las partes personadas en la causa podrán acudir a la sede de la Audiencia Nacional para conocer las actuaciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que sustituye al instructor de la causa, Baltasar Garzón, tras ser suspendido cautelarmente el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial, ha adoptado esta decisión este miércoles después de que la sala le haya ordenado levantar el secreto al entender que no hay "cobertura legal" para mantenerlo.

Esto es así, según el auto dictado por la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, porque se ha comprobado "el carácter público de la investigación judicial desplegada" y la "inexistencia de peligro de su destrucción".

De esta forma, la sala ha atendido al recurso de apelación presentado contra la primera prórroga del secreto dictada en diciembre por el ex diputado del PSC, al que se adhirieron los también imputados Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco (ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet, respectivamente) y Manuel Valera, el administrador de una de las empresas implicadas en la trama, Niesma Corporació S.L.

En esta causa hay un total de 20 imputados, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre.

El último de los implicados en la trama de corrupción que permanecía en prisión y al que el instructor dejó en libertad bajo fianza de 500.000 euros a finales del pasado mes de marzo fue el presunto 'cerebro' de la red, Luis García.

La presunta trama de corrupción investigada por Baltasar Garzón pudo defraudar un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andreu de Llavaneres.