Art. 47.- "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, REGULANDO LA UTILIZACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO CON EL INTERÉS GENERAL PARA IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. LA COMUNIDAD PARTICIPARÁ EN LAS PLUSVALÍAS QUE GENERE LA ACCIÓN URBANÍSTICA DE LOS ENTES PÚBLICOS".
Nuestra sociedad parece no terminar de entender el derecho a la vivienda digna y, especialmente, la estructura política que la representa no manifiesta tener capacidad para desarrollar una correcta interpretación.
Se explica con frecuencia que el derecho a la vivienda consiste en tener una en propiedad, sin considerar que el derecho real es tener un hogar donde residir y desarrollar la vida de forma autónoma. Eso se puede realizar con la vivienda en alquiler o en propiedad.
Otra cuestión es que se hace un amasijo y, con frecuencia, se piensa que las administraciones deben ayudar a la compra de la vivienda, contribuyendo en los últimos lustros, además de a no resolver el problema, a privatizar las plusvalías públicas, que corresponden al conjunto de la sociedad, a las personas que en algún momento han recibido ayudas públicas para resolver su problema de vivienda. Por tanto, no parece lógico que quien recibe una ayuda del conjunto de la sociedad, cuando tiene resuelto su problema los beneficios generados deberían retornar a la administración que le ha facilitado el apoyo, es decir al conjunto de la sociedad.
Se acepta de forma generalizada que en España "siempre" se ha resuelto el problema de la vivienda mediante la adquisición de la misma, y eso es radicalmente falso, pues hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo XX, la proporción de propietarios era muy reducida, de tal modo que la escasez de vivienda para alquilar llevaba a muchas familias a compartir esta, donde uno de sus modelos de alquiler era: "habitación con derecho a cocina". Seguro que muchos jóvenes, actualmente, entienden este planteamiento, que una parte de la opinión pública piensa que es una novedad.
Las políticas de vivienda, en propiedad, por tanto, no son un modelo tradicional en España.
La transición tenía problemas muy complejos y aunque uno de los más importantes era la vivienda (seguimos así desde el Imperio Romano en las grandes ciudades), la atención para solucionar problemas se puso en otras necesidades más acuciantes, como recuperar la democracia y las Instituciones que la sustentaban.
El complejo mundo de la vivienda tiene muchas variables. Desde la compra para residencia propia, para "refugio" de inversión que puede llevar anejo el interés por el alquiler, la inversión directa para alquiler, segunda residencia… hasta los mecanismos utilizados para el blanqueo de capitales. Pero el problema de la vivienda como tal, se identificaría mejor si se diferenciara como una política social y no como un proceso económico.
Este planteamiento de diseñar una estrategia a largo plazo, por las administraciones, para configurar un modelo asimilable a la mayor parte de los países del centro y norte de Europa, consistente en el alquiler de vivienda pública como instrumento para resolver un problema social, que debería ser asumido por el conjunto de la sociedad, tiene muchos detractores, especialmente en la derecha ideológica y económica, con el agravante de que la izquierda parece ser temerosa a la hora de ejecutar dicha política, después de verbalizarla como la que conviene poner en funcionamiento.
Los gestores económicos del sector inmobiliario siguen esgrimiendo un mantra: "Suben los precios de los alquileres porque falta oferta y por tanto es necesario construir más".
A estas alturas del análisis económico está sobradamente demostrado que en España tenemos un gran parque de viviendas desocupadas.
Lo que hay que hacer son propuestas atractivas para que todo ese parque inmovilizado salga al mercado, garantizando el cobro en caso de impago, de forma automática y asumida por las administraciones como parte de la política social, sin tener la espada de Damocles de que hay que esperar casi dos años para recuperar la vivienda.
Dado que la mayor parte de nuestro parque inmobiliario está en una estructura de mini propiedad, se maneja con frecuencia, con cierta frivolidad, con el argumento de las compras masivas por parte de las SOCIMI y fondos de inversión, una cifra de 115.000 viviendas según una información de abril de 2023 aparecida en Diario16+, teniendo en cuenta que en ese bloque está CaixaBank con 22.000, la Sareb con más de 46.000 viviendas (además de suelo, obras en curso e inmuebles de uso terciario), y el otro gran paquete es del grupo Blackstone con aproximadamente 20.000 unidades. Luego todo ese discurso tan alarmista sobre los "fondos buitre" forma parte de la incapacidad de desarrollar una política social de vivienda en alquiler, que bien se podría gestionar en coordinación con la economía del tercer sector (entidades privadas sin ánimo de lucro), como sucede en Alemania, Austria y otros países cercanos.
Finalmente, limitar el precio de los alquileres es "poner puertas al campo", pues hay tantas posibilidades de transgredir la norma, sin incumplirla, que no hay administración con capacidad de gestión suficiente como para que se cumpla "a pide lítera". Únicamente si hay capacidad de tener un gran parque inmobiliario público en alquiler, se podrá limitar el precio del mismo, porque lo hará el propio mercado, como sucede en otros países de la Unión Europea.
Si las administraciones siguen vendiendo suelo para "equilibrar" sus presupuestos, llegará el momento en que seguiremos generando más propietarios, pero el problema de la vivienda seguirá sin resolverse.
Si no hay una estrategia seria con políticas sociales, difícilmente solucionaremos el problema de la vivienda.
Una recomendación final: el artículo 47 de nuestra Constitución es más largo de lo que habitualmente se lee, y esa parte "oculta" es la que deben impulsar con decisión las administraciones: "… Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, REGULANDO LA UTILIZACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO CON EL INTERÉS GENERAL PARA IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. LA COMUNIDAD PARTICIPARÁ EN LAS PLUSVALÍAS QUE GENERE LA ACCIÓN URBANÍSTICA DE LOS ENTES PÚBLICOS".
José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía. Master en Desarrollo Territorial Sostenible. Ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid con Tierno y Barranco. E-mail: josemaria.delariva@uma.es.
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