Tres meses después de los asesinatos que acabaron con la vida de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha, la Junta de Andalucía ha decidido adoptar algunas medidas para "mejorar la calidad de vida" laboral y familiar de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo ello dentro de sus competencias y antes la "ausencia de respuesta" por parte del Ministerio del Interior.
Así lo ha explicado este martes el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha informado sobre la creación de un grupo de trabajo en el seno del Ejecutivo andaluz formado por todas las consejerías, cuyo fin será detectar las necesidades de los agentes, analizarlas y evaluarlas para adoptar medidas específicas que sirvan de apoyo a estos profesionales. Un recurso que la Junta ha ideado, señala, en consenso con las asociaciones policiales y de guardias civiles. Según los datos facilitados por la Consejería a este medio, en el Campo de Gibraltar hay actualmente 1.150 guardias civiles y más de 700 agentes de la Policía Nacional.
La previsión de la Junta es que el Consejo de Gobierno apruebe "en un mes o mes y medio" el primer paquete de medidas, que posteriormente tendrán que desarrollarse normativamente, si bien se tratará de una iniciativa "abierta" en la que se vayan incorporando con el tiempo nuevas actuaciones. Aunque estas están aún por definir, el consejero del ramo ha apuntado a la aprobación de ayudas, que en algunos casos podrían llegar a la gratuidad, en materias como la educación infantil, los servicios de comedor escolar, la movilidad también en el ámbito escolar, el acceso a la universidad, el transporte público metropolitano y el acceso a instalaciones deportivas y culturales.
En ningún caso, ha puntualizado Sanz, se trata de una iniciativa para "reclamar nada" al Gobierno central, sino para poner de manifiesto la "preocupación" de la Junta por "ayudar" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una zona que el Parlamento andaluz ya calificó como "singular", algo que el Gobierno central "no ha hecho", ha lamentado el consejero, que también ha recordado que el Ministerio del Interior sigue sin declarar a los guardias civiles como profesionales de riesgo.
Y los del Campo de Gibraltar, en particular, tienen que lidiar con "dificultades" en su trabajo de las que la Junta "es consciente", no solo como consecuencia del narcotráfico, sino también por la situación migratoria y la "falta de efectivos". Es por ello, ha señalado Sanz, que muchos de los agentes destinados a esta comarca "se marchan en cuanto pueden", y con estas bonificaciones el pretende "hacer que Andalucía sea su tierra y su hogar".
El consejero de la Presidencia también ha vuelto a pronunciarse este martes sobre la reunión mantenida el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sobre las negociaciones entre España y el Reino Unido en Gibraltar. Y ha reiterado su descontento al no permitir el Gobierno central que el andaluz participe en esa negociación.
"Es un despropósito jurídico y político", ha reprochado Sanz, que ha insistido en recordar que la colonia británica sí acude a las reuniones invitada por el Gobierno del Reino Unido, mientras que el español "no invita" a la Junta de Andalucía, a pesar de que el Estatuto de Autonomía habilita al Ejecutivo de Juanma Moreno a participar. Y es algo, ha subrayado, que sí ocurría en épocas anteriores, con el Gobierno del PP en España y el del PSOE en Andalucía. Las negociaciones, por tanto, "solo pueden ser a dos (España-Reino Unido) o a cuatro (España, Reino Unido, Gibraltar, Junta de Andalucía), pero no a tres".
Por otro lado, el consejero de la Presidencia ha informado de que el Plan de 112 medidas para hacer frente a las consecuencias del brexit que aprobó la Junta y que no solo se limita al Campo de Gibraltar, sino que afecta a toda la comunidad, presenta actualmente un grado de cumplimiento del 75%.
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