La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, conoció al investigado Koldo García, pero dice no recordar en qué contexto. "Conocí a Koldo porque era el asesor de [José Luis] Ábalos", ha explicado mientras era interrogada en la comisión de investigación de las mascarillas celebrada en la Cámara que ella misma preside. Así, ha admitido que "alguna vez" habló con el que fuera asesor del ministro de Transportes, pero dice que no recuerda "en qué momento".
Tampoco dice acordarse de "las comunicaciones" que mantuvo con el presunto comisionista, pero en ningún caso fueron "trascendentes". De lo que sí asegura que se acuerda es de que las conversaciones con García "jamás" versaron sobre la compraventa de mascarillas y que el exasesor nunca le pidió que acelerara la contratación con la empresa Soluciones de Gestión, que vendió 1,4 millones de mascarillas a Baleares por 3,7 millones de euros.
Francina Armengol ha defendido que durante la pandemia nunca habló de contratación ni con Koldo García "ni con nadie". Al contrario, la adquisición de material sanitario era competencia del Servicio de Salud de Islas Baleares (IB-Salut), que se guiaba por criterios técnicos. "Todos los contactos de suministros se canalizaban a través del Servicio de Salud", ha subrayado la expresidenta balear, que no tenía entre sus prioridades "conocer contrataciones concretas".
IB-Salut, por tanto, fue quien contrató con Soluciones de Gestión porque era una empresa "que venía del Ministerio de Transportes" de la que eran clientes "otras instituciones", que "ofrecía un precio más bajo que el que pagaban otros" y "no se pagaba hasta recibir el material". Así lo ha indicado la presidenta a la par que aseguraba que "jamás" ha hablado con ningún cargo de su Gobierno para pedirle que contratara con ninguna empresa concreta.
¿Mascarillas "fake"?
Desde el estallido del caso Koldo, la expresidenta de Baleares ha estado junto al expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres en el ojo del huracán, foco de las críticas de la oposición. En 2020, la comunidad autónoma firmó un contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros. Este mismo lunes, el exdirector del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, ha reconocido que fue él quien contactó con Koldo García para comprar 1,4 millones de mascarillas.
Las mascarillas, compradas como FFP2, no pasaron los controles de calidad del Centro Nacional de Material de Protección, con lo que solo podían ser equiparables a las del modelo KN95. Y sin embargo, tal y como ha reconocido Palomino, en aquel momento la Administración que presidía Armengol las conservó y no reclamó una devolución de la diferencia de precio entre ambos. Más aún, el Gobierno balear emitió un certificado de conformidad con Soluciones de Gestión.
El Partido Popular y Vox han cargado este lunes contra Armengol precisamente por este hecho, alegando que la presidenta dio "el aval" a las mascarillas pese a que eran "fake". "El Centro Nacional de Medios de Protección certificó que las mascarillas eran fake. Usted a sabiendas lo avaló, eso se llama prevaricación", ha acusado el popular Elías Bendodo.
La presidenta ha acusado a Bendodo, pero también a Vox, de estar difundiendo "un bulo" y ha defendido que las mascarillas sirvieron para el propósito con el que se habían comprado. "En aquel momento", ha señalado, "las mascarillas KN95 estaban asimiladas por el Ministerio de Industria con las FFP2". Con lo cual, las mascarillas no eran "fake", sino que simplemente eran de otro tipo.
El asunto es que para el uso hospitalario se requerían mascarillas FFP2, con lo que la oposición considera que Armengol fue "estafada". El 4 de mayo de 2020, el que fuera directo general de Ib-Salut firmó una resolución de emergencia en la que afirmaba que el cargamento se contrató para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de covid-19.
Sin embargo, Francina Armengol mantiene que las mascarillas se adquirieron "para tener un stock civil" que permitiera la desescalada. "El material se utilizó como stock y reclamamos a la empresa por la diferencia de la calidad", ha explicado la compareciente. En efecto, la comunidad acabó reclamando a Soluciones de Gestión la diferencia correspondiente al precio de las FFP2 y las KN95, 2,86 millones de euros.
Lo hizo el propio Manuel Palomino una vez se había levantado el estado de alarma, según ha reconocido este lunes en el Congreso de los Diputados. Fue en marzo de 2023, porque disponían de cuatro años para hacerlo y si hubieran reclamado antes "se habría bloqueado el stock". "Nosotros queríamos tener disponible el stock y luego revisar si las características técnicas estaban ajustadas al precio que pagamos en su momento [...] una reclamación de un expediente de emergencia representa muchísima complejidad y teníamos cuatro años", ha aclarado Palomino.
La apertura del expediente se realizó poco antes de las elecciones autonómicas, tras las cuales el Gobierno de Baleares pasó a ser de la popular Marga Prohens, y finalmente caducó.
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