El Parlamento dará este martes el penúltimo paso para la aprobación de la ley de amnistía. La mayoría absoluta del PP en el Senado, la misma que modificó el reglamento de la Cámara para dilatar la tramitación de la norma que llegaba del Congreso por tramitación de urgencia, vetará en Pleno la proposición de ley. En consecuencia, el proyecto será devuelto a la Cámara Baja donde la mayoría que dio luz verde a la legislatura lo aprobará definitivamente. Pese a considerar que la medida de gracia es "una reforma encubierta de la Constitución", los populares no han podido hacer otra cosa que suspender su tramitación exprés y atrasar lo más posible la aprobación de la amnistía. La ley se aprobará en el Congreso a finales de este mes.
La semana pasada, la comisión conjunta que se ha encargado de la tramitación emitió su dictamen, basado en el informe que elaboraron los letrados de la Cámara Alta. Concluyeron que la ley es contraria a la Constitución y al Derecho Europeo, todo ello después de recabar la opinión de varios juristas llamados a comparecer por los grupos parlamentarios.
Tras sufrir varias modificaciones en el Congreso de los Diputados forzadas por los socios independentistas del PSOE, la proposición de ley llegó a la Cámara Alta por vía de urgencia. Los populares, sin embargo, se habían preparado para atrasar la luz verde mediante una reforma del reglamento del Senado. En lugar de tramitarse de forma urgente, la ley ha pasado por el procedimiento ordinario, que da dos meses de margen a la Cámara. Desde que la norma entró en el Congreso, el Partido Popular ha emprendido diversas estrategias para tratar de desacreditar la ley, con más o menos fortuna.
Una de ellas fue solicitar un informe a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo perteneciente al Consejo de Europa. Los expertos de la comisión no apreciaron un conflicto de separación de poderes en el proyecto de ley, pero sí reprocharon la urgencia de su tramitación y consideraron inoportuno que la norma no contara con un respaldo parlamentario más amplio.
Con la norma ya en manos del Senado, se solicitó otro informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dijo: "Ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho". Además, los servicios jurídicos de la Cámara Alta emitieron otro informe de 69 folios según el cual la ley de amnistía, más allá de incurrir en "motivos de inconstitucionalidad", supone una "reforma encubierta de la Constitución".
El 8 de abril se produjo una nueva batalla en la guerra del PP contra la medida de gracia: se celebró un debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que convocó a diferentes presidentes autonómicos y culminó con la aprobación de otro informe, en esta ocasión elaborado por los servicios jurídicos del PP.
Y por último, días después, la Cámara Alta aprobó un choque institucional con el Congreso de los Diputados mediante el cual, al hilo del informe de los letrados del Senado, la Cámara pedía al Congreso que retirara la norma. Ahora, con el plazo de tramitación a punto de finalizar, los senadores votarán -y con toda seguridad aprobarán- el veto a la ley.
Una vez se apruebe el veto, la proposición de ley vuelve al Congreso de los Diputados y se aprueba directamente en Pleno. Fuentes de la Cámara señalan que previsiblemente será en el Pleno ordinario que se celebrará el jueves 30 de mayo. Este mismo martes, paralelamente a la aprobación del veto en el Senado, se celebrará en la Cámara Baja una Junta Portavoces para diseñar el Pleno de la semana que viene. No hay margen, por tanto, para incluir la votación sobre el veto del Senado. Así pues, el veto se levantará el 30 de mayo.
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