En qué consiste el delito de tráfico de influencias y cuáles son las penas a las que podría enfrentarse Begoña Gómez

Begoña Gómez y Pedro Sánchez
Begoña Gómez y Pedro Sánchez
Pool Moncloa/EFE
Begoña Gómez y Pedro Sánchez

El pasado miércoles, sobre las siete de la tarde, el tablero político español quedó en jaque cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la cancelación de su agenda pública para tomarse cinco días de reflexión y poder así "decidir qué camino tomar". Ocurrió justo después de que un juez abriese diligencias contra su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. Pero, ¿qué son exactamente estos conceptos?

La denuncia ha sido presentada por Manos Limpias, que considera que Begoña "ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas" prevaliéndose supuestamente de su condición de esposa del presidente del Gobierno.

¿Qué es el tráfico de influencias?

El tráfico de influencias es una práctica que implica el uso indebido de la influencia personal o política para obtener algún tipo de beneficio, ya sea para uno mismo o para otros, y es considerado un delito en España, recogido en el artículo 428 del Código Penal.

Esto puede incluir obtener favores, privilegios, contratos, empleos o cualquier otro tipo de ventaja mediante la manipulación de relaciones, conexiones o influencias. Además, en muchos casos, implica el uso indebido de la posición de poder de una persona, como un político, un personaje público, un empresario influyente o cualquier otra persona con autoridad o capacidad de influencia, para obtener ventajas injustas o ilegales.

¿A qué penas podría enfrentarse Begoña Gómez?

Begoña Gómez podría enfrentarse a ''penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años'', según el artículo 428 del Código Penal. 

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Además, con la acusación de corrupción en los negocios, la pena podría ser de seis a cuatro años, además de multas e inhabilitación para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.

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