Una comunidad de vecinos de Alcorcón (Madrid) formada por varios bloques de ocho alturas con cuatro vecinos por planta decidió hace unos meses sustituir la caldera comunitaria de gas por una bomba de calor de aire-agua e instalar en su cubierta placas fotovoltaicas para cubrir con ellas el 30% del suministro eléctrico que necesitará este nuevo sistema de calefacción. Además de dejar de utilizar gas para calentarse y de la eventual bajada de la factura, esta obra les permitirá ahorrar 10.000 megavatios/hora (Mw/h) de energía al año y les ha supuesto una compensación económica gracias al nuevo sistema del Gobierno para impulsar la eficiencia energética en España. En términos de eficiencia energética, su obra está está valorada en más de 1,8 millones de euros, que en algún momento una gran empresa energética podrá restar a su contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Mientras, la comunidad de Alcorcón ha podido arrancar un descuento -por un importe desconocido, pero menor a los 1,8 millones- a la empresa que hizo la reforma. 

Estos vecinos de Alcorcón se convirtieron en la primera actuación en el ámbito residencial del nuevo marco que acaba de poner en marcha el Ministerio de Transición Ecológica para impulsar el ahorro energético, el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). El objetivo es aumentar la eficiencia energética y que España cumpla los objetivos que fija la UE y que en esta década casi se doblarán. Entre 2021 y 2030, España deberá acreditar haber reducido -de forma escalonada a lo largo de los años- en 54.440d ktep la cantidad de energía que emplea, no solo para seguir funcionando como hasta ahora, sino para aumentar su actividad. 

Para conseguirlo, en noviembre echó a andar un sistema en el que las grandes energéticas son el último eslabón de una cadena que empieza en hogares, pequeños negocios e incluso en usuarios del transporte, a los que se incentiva para que cambien ventanas, sistemas de calefacción o aíslen fachadas por medio de descuentos que pueden conseguir por estas obras. Incluso el Teatro Real, que ha sido una de las primeras instituciones en recurrir al Sistema CAE y dejará de consumir casi un millón de MWh al año después de instalar bombas de calor y un sistema de climatización más eficiente.

Tanto los 10.000 MWh de energía que no tendrán que gastar los vecinos de Alcorcón como el millón del Teatro Real tienen un precio. El Ministerio de Transición Ecológica fijará cada año cuánto cuesta cada megavatio/hora de energía que no se consume. En 2014 son 182 euros, que elevan a 274,3 millones la cantidad que un total de 455 empresas están obligadas a ingresar este año al FNEE, en función de su producción de energía. A ellas se las denomina "actores obligados" en el Sistema CAE.

Venta de ahorros energéticos

La novedad del Sistema CAE es que introduce una "alternativa" a pagar al fondo que consiste en la posibilidad que tienen estas grandes empresas de canjear este desembolso debido -no en su totalidad- por la compra de los CAE, certificados de ahorro energético, equivalentes cada uno a un MWh y valorados en 182 euros la unidad. Antes incluso de quedar acreditados -en un paso intermedio en el que intervienen empresas especializadas, las comunidades y el Ministerio- estos ahorros se generan en las casas, en los negocios, en el transporte o en el Teatro Real.

La comunidad de vecinos de Alcorcón llegó al Sistema CAE por casualidad, porque la empresa instaladora a la que recurrieron para que cambiase la caldera de gas por la bomba de calor se había registrado como "actor delegado" del sistema y les informó de que tenían la posibilidad de ahorrarse una parte del coste de la obra si accedían a venderle los ahorros energéticos que generaría la reforma. Otra alternativa es que se hubieran topado con una empresa que, sin estar inscrita como actor delegado, tuviera consideración de intermediario entre ambos y también estuviera interesado en comprar el ahorro energético para vendérselo después a un actor delegado.

Los vecinos de Alcorcón "liquidaron" sus ahorros energéticos con el sistema CAE casi de forma inmediata, gracias al descuento que le hizo la empresa de reformas a cambio de traspasárselos. El ahorro que obtuvieron es confidencial pero inferior al 1,8 millones que los 1.000 MWh de energía ahorrada que terminarán sirviendo para que una gran empresa energética termine restando su contribución al fondo. A partir de esa cifra, no compensa porque sería más caro que el precio fijado por el Ministerio y, además, la cadena de reventa de ahorros energéticos que empieza en Alcorcón y termina en la gran empresa requiere que todos los eslabones obtengan un beneficio económico. Fuentes de Transición Ecológica apuntan que el descuento en el coste de la obra que cada usuario pueda obtener dependerá de cómo sean capaces de negociarlo y de la competencia que exista entre actores delegados o intermediarios para hacerse con sus ahorros, que luego revenderán por un precio más alto al '"actor obligado", las empresas que tienen que contribuir al FNEE.

El sistema acaba de echar a andar y todavía no hay un índice de referencia de precios de los ahorros energéticos en este "mercado primario" -de quien hace la obra al actor delegado o al intermediario -como sí existe en Francia, donde funciona con éxito desde hace 14 años el sistema en el que más se ha fijado el Ministerio para crear el de España. En estos momentos tampoco hay una "señal de precio" al que se deberían vender estos ahorros -ya certificados y convertidos en CAE- en el "mercado secundario", entre actores delegados y actores obligados, algo que también debería existir en estos momentos.

No compensa en hogares individuales

Lo que sí se sabe es que este tipo de procedimiento no compensa para hogares individuales, que por ejemplo quieran cambiar las ventanas o aislar mejor sus paredes, porque solo empieza a rentar aproximadamente a partir de 30 MWh de ahorro energético al año. Esto no quita, no obstante, para que sea posible que varios hogares que no comparten edificio puedan unirse para superar esa cantidad en una oferta conjunta a una determinada empresa de reformas o comercio de electrodomésticos. De hecho, ya hay asociaciones de consumidores que estudian esta posibilidad.

El Sistema CAE también prevé cuánta energía puede ahorrarse con distintos tipos de actuaciones y para ello ha elaborado ya 52 fichas sobre acciones que pueden llegarse en el sector residencial, terciario, industrial o de transporte y ya trabaja en otras nueve, aunque también hay "actuaciones singulares" -como las del Teatro Real- cuyos ahorros no están tan estandarizados. 

En todo caso, se trata de definir la eficiencia energética que conlleva, entre otros, cambiar la caldera por una bomba de calor, instalar una iluminación eficiente, aislar muros o cambiar la envolvente del edificio, poner placas fotovoltaicas o utilizar coche compartido, motores eléctricos o gestión de flotas. Este último terreno, el del transporte, tiene que ver, por ejemplo, con plataformas de coche compartido como Bla,Bla,Car, en el que estas empresas podrían obtener también unos ahorros de energía que podrían vender dentro del Sistema CAE, siempre que acrediten que también sus clientes se benefician de descuentos.

El Ministerio de Teresa Ribera acaba de hacer un primer balance de los primeros meses de funcionamiento del Sistema CAE, que arrojan que desde noviembre de 2023 se han presentado solicitudes de emisión de CAE -para certificar ahorros energéticos- por un total de 44,4 millones de MWh de energía que no se gastarán en 10 comunidades autónomas. El mayor número de actuaciones (cuatro) se ha registrado en la Comunidad de Madrid -donde, por ejemplo, están el Teatro Real y la comunidad de vecinos de Alcorcón- , seguida de Castilla y León (tres), Canarias (dos) y Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco y Galicia, cada una con un actuación.

El sistema CAE se completará del todo cuando eche a andar, previsiblemente después del verano, la plataforma tecnológica que facilitará el contacto entre los "sujetos delegados", las empresas o "sujetos obligados", las empresas acreditadoras, las comunidades y el Ministerio para seguir engrasando un mercado que debe impulsar que cada vez se consuma menos energía para hacer más cosas.