Polémica en Italia tras la aprobación del Parlamento de un plan para incentivar la maternidad a propuesta de la presidenta Georgia Georgia eloni, entre cuya cuyas medidas figura el permiso a los activistas antiaborto de entrar dentro de las clínicas que practican interrupciones del embarazo.
Esta medida forma parte un proyecto financiado con cargo a los fondos de recuperación de la pandemia de la UE, del cual Italia es el mayor beneficiario, y que incluye la financiación de grupos antiabortistas en todo el país.
El plan da cobertura nacional a otras medidas similares adoptadas en varias regiones lideradas por la derecha, y que ya dejan que activistas antiabortistas entren en las clínicas para pedir a las mujeres un certificado que confirma su deseo de interrumpir un embarazo.
El aborto fue legalizado en la Italia en 1978 mediante una legislación denominada Ley 194. Aunque Meloni ha prometido no cambiar la ley, acceder a abortos seguros en Italia es cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a interrumpir embarazos por motivos morales o religiosos. Según datos del Ministerio de Sanidad de 2021, que recoge el diario británico The Guardian, alrededor del 63% de los ginecólogos se niegan a realizar el procedimiento.
"Vergonzoso"
Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD) de centro izquierda, calificó la medida como un "fuerte ataque contra la libertad de las mujeres", mientras que Silvia Roggiani, diputada del PD, afirmó: "La derecha continúa mostrando su nostalgia naturaleza y visión oscurantista y patriarcal intentando, por todos los medios, erosionar los derechos de las mujeres. Es vergonzoso".
Antes de la votación, Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita, la mayor organización antiaborto de Italia, dijo a los medios italianos que el grupo no tenía intención de entrar en clínicas de consulta de abortos. Sin embargo, dijo que las clínicas deberían "volver a su función original de ayudar a las mujeres a encontrar alternativas concretas al aborto".
Luisa Rizzitelli, activista por los derechos de las mujeres, agregó: "Esta medida puede parecer una cosa pequeña, pero simbólicamente es muy fuerte y seria: el gobierno está dando una señal clara de que quieren hacer todo lo posible para persuadir a las mujeres a cambiar de opinión. Esto no debería estar sucediendo”.
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