La semana que se sientan en el banquillo Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, expresidentes de la Generalitat Valenciana, acusados por corrupción y con peticiones de cárcel de hasta 19 años, su partido, el PP de Carlos Mazón -en comunión con la extrema derecha- presenta cinco iniciativas legislativas que suponen una involución democrática. Se trata de leyes que desmontan parte de los controles fiscalizadores de lo público que se instauraron después de décadas de 'mangarrufas' de los gobiernos de la derecha.

Por si fuera poco, son textos que imponen un retroceso en cuanto a pluralidad e independencia de los medios de comunicación, en la enseñanza de nuestra lengua propia y que insultan la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo.

Desde el PSPV hemos exigido su retirada porque su tramitación pretende evitar los informes de los órganos jurídicos independientes y modifican incompatibilidades de altos cargos, como poder pertenecer a consejos de administración de empresas privadas o tener importantes participaciones en ellas, requisitos a los que solo les falta añadir nombres y apellidos. Además, permiten el asalto y control político de la Televisión Valenciana al eliminar procesos democráticos de participación o buscan reactivar el conflicto lingüístico y menosprecian el valenciano en las escuelas.

Y el colmo de la desvergüenza: la Ley de Concordia, con la que el PP asume totalmente el argumentario revanchista de Vox. Una ley que supone el desprecio y una burla indigna a las víctimas del franquismo, que blanquea la dictadura y deroga la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana que ha posibilitado que las familias hayan podido recuperar los restos de sus seres queridos; que cuestiona como democrática la Segunda República y la pone en plano de igualdad con la Guerra Civil, la violencia etarra o la islamista, y que pretende salvar los vestigios franquistas.

Con ello atacan nuestra Constitución, esa que dicen defender, pero a la que no dudan en denostar cuando les conviene. Los socialistas y el Gobierno de España ya han anunciado recursos judiciales ante ellas, además de beligerancia política para impedir la involución en derechos