Ya hay más de medio millón de estudiantes realizando prácticas no remuneradas dados de alta en los registros de la Seguridad Social. Se trata de más de 500.000 becarios cotizando para quienes este tiempo que estén dados de alta cuenta de cara al cómputo de años que hay que trabajar para tener derecho a una pensión. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Saiz ha comparecido ante este foro por primera vez desde que juró el cargo el pasado noviembre.
La reforma de las pensiones aprobada el año pasado con José Luis Escrivá a los mandos de la Seguridad Social consagraba el derecho de los becarios que no reciben ayuda económica por sus prácticas a que se les reconozcan esos periodos como cotizados. Sin embargo, esta disposición no entró en vigor hasta enero de este año después de experimentar varios retrasos provocados en parte por las presiones de las universidades, contrarias a la medida.
Las empresas están obligadas a dar de alta a todos los becarios, cobren o no por sus prácticas y deben abonar el coste de cotización, que se calcula en función de los días de prácticas realizados. No obstante, para no desincentivar a que las empresas recurran a los estudiantes en prácticas, el Estado bonifica hasta el 95% del coste que supondría para la empresa.
La ministra Saiz ha informado también de que el Gobierno está ultimando la tramitación administrativa de la regulación que permitirá a antiguos becarios rescatar periodos de prácticas no remuneradas pasados que no hayan sido cotizados al no estar todavía en marcha este mecanismo. El Ejecutivo ya ha remitido al Consejo de Estado el convenio especial con el que pretende que se pueda repescar estos periodos perdidos sin cotizar. En principio, los afectados podrán rescatar hasta un máximo de cinco años de prácticas sin cotizar, algo que beneficia especialmente a los investigadores que se ven a menudo en esta situación.
El Gobierno tiene pendiente desde la legislatura pasada la aprobación del Estatuto del Becario, el marco legal con el que pretende regular las prácticas en España. La norma se iba a tramitar como real decreto-ley, pero no llegó a pasar nunca por Consejo de Ministros ante las dudas que generó en el ala socialista del Ejecutivo y los empresarios. Se espera que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, impulsor de la iniciativa, lleve "en breve" a Consejo de Ministros la norma.
6.000 millones para la hucha de las pensiones
Más allá de las prácticas, Elma Saiz ha aprovechado su intervención en el Pacto de Toledo para anunciar que el fondo de reserva de la Seguridad —la conocida como 'hucha' de las pensiones— cuenta ya con 6.000 millones de euros en fondos. La expectativa es cerrar el año con un importe total de 9.100 millones de euros, gracias a la aportación que ha supuesto la subida de las cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional.
La 'hucha' de las pensiones quedó maltrecha durante la pasada crisis financiera. El Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a recurrir a este fondo de reserva para afrontar las pagas extra durante los peores años de la crisis y el fondo se vació casi por completo.
Pese al aumento de fondos de la 'hucha' las voces más críticas con el sistema de pensiones españoles señalan que la acumulación de fondos en la hucha es un trampantojo contable. Todos los años, el Estado transfiere a la Seguridad Social decenas de miles de millones de euros para cubrir el agujero que los ingresos por cotizaciones no alcanzan a cubrir.
Una parte de ese déficit se debe a los gastos impropios, es decir, gastos no contributivos que la Seguridad Social tiene que asumir pese a no haber generado ingresos con los que cubrirlos. Sin embargo, sigue existiendo un gran déficit entre el gasto en pensiones contributivas y los ingresos por cotizaciones con los que deberían sufragarse. Una diferencia que se cubre con dinero procedente de los impuestos y que deja de destinarse a otras partidas.
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