El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes su intención de eliminar la 'golden visa', el permiso de residencia para aquellos extranjeros que inviertan 500.000 euros o más en vivienda. Esta polémica fórmula lleva en vigor una década, durante la cual se han expedido cerca de 6.000 permisos por esta vía. Chinos y rusos han sido las nacionalidades que más se han beneficiado en España de esta medida, que el año pasado fue ya suprimida en Portugal.
La figura de la 'golden visa' fue creada en España en 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha en plena crisis financiera para tratar de atraer inversión, reducir el déficit público y contrarrestar el enfriamiento de la economía española. Este tipo de visados permiten residir en el país ibérico y transitar por el espacio Schenguen a aquellos ciudadanos de fuera de la Unión Europea que compren bienes inmuebles por valor igual o superior a medio millón de euros.
Existen también otras formas de inversión para beneficiarse de esta fórmula, como son la compra de deuda pública o de acciones de una empresa, así como la inversión en depósitos bancarios o proyectos de "interés general". Sin embargo, el Ejecutivo apunta a que el 94% de los visados expedidos bajo esta fórmula están vinculados a la compra de viviendas, especialmente localizadas en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores facilitados a 20minutos, entre 2014 y 2022 los consulados españoles expidieron 5.409 'golden visas', con una media de 600 permisos anuales. Transparencia Internacional eleva la cifra a cerca de 6.000 al considerar también los emitidos en 2023, año en el que se cumplió una década de aplicación de la ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización que creó esta figura.
En ese tiempo, la compraventa de vivienda en España por parte de extranjeros ha avanzado con fuerza. Según los últimos datos difundidos por el Consejo General del Notariado, las transacciones realizadas por compradores foráneos residentes fuera de España llegaron en el primer semestre de 2023 a las 29.370 operaciones, el segundo dato más elevado para una primera mitad de año. Solo lo superó el récord de 33.509 operaciones registrado en 2022, a las que se añadieron otras 31.229 compras en la segunda mitad del año hasta sumar un total de 64.738, el 45% de las operaciones protagonizadas por inversores forasteros.
El informe 'Golden visas': la adquisición de permisos de residencia por inversión en España elaborado a finales del año pasado por Transparencia Internacional, que reclama mayor control sobre la procedencia de las inversiones, apunta a que los principales beneficiarios de este tipo de visados han sido chinos y rusos. En concreto, estas nacionalidades han concentrado en los últimos diez años en torno a 2.700 y 1.100 permisos respectivamente por la adquisición de inmuebles, casi el 64% del total. Les siguen iraníes, estadounidenses e ingleses, con menos de 200 visados expedidos para cada una de estas nacionalidades en los últimos diez años.
De hecho, la decisión de cancelar las concesiones a inversores rusos como sanción tras la invasión de Ucrania provocó en 2022 el derrumbe de las emisiones. En el año del estallido de la guerra al este de Europa los consulados españoles expidieron 451 'golden visas' por inversiones en inmuebles, casi la mitad que un año antes -cuando se alcanzaron los 880 permisos- y el segundo datos más bajo de la serie, solo por detrás de un 2020 marcado por el parón de la pandemia en el que apenas se emitieron 446.
El Gobierno pretende ahora acabar con esta fórmula de forma definitiva. "Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'golden visa'", anunció Sánchez este lunes desde la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde defendió la supresión de esta medida como una forma de luchar contra la "especulación" inmobiliaria. "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", añadió.
España no es el único país que camina en esa dirección. Después de haber emitido desde su puesta en marcha en 2012 en torno a 11.500 autorizaciones de residencia bajo esta fórmula, Portugal eliminó este tipo de visados el año pasado, con el objetivo de atajar la escalada en el precio de la vivienda. El encarecimiento de los pisos es un problema que sobrevuela buena parte del continente. Según datos de Eurostat, el precio de la vivienda creció en España en 2023 un 4%, consolidándose como la gran economía de la Unión Europea donde se registró la mayor subida.
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