No habrá plan antitabaco, por ahora. Al menos no en las fechas que tenía previsto inicialmente el Ministerio de Sanidad. Este miércoles se han reunido las comunidades autónomas con la ministra de Sanidad, Mónica García, en una Comisión extraordinaria de Salud Pública en la que se ha puesto sobre la mesa el borrador del ministerio y las más de 150 alegaciones que las autonomías han ido haciendo en las últimas dos semanas. La previsión era que este miércoles se negociasen las incorporaciones al texto, para aprobar definitivamente la estrategia en la Conferencia Sectorial del viernes, pero la falta de acuerdo con los directores generales de cada territorio ha retrasado ese escenario.
Fuentes del ministerio que dirige Mónica García explican que la Dirección General de Salud Pública ha propuesto en la reunión de este miércoles que se apruebe el plan a través de un "acuerdo de colaboración", una fórmula que, recuerdan, contempla el Reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Las comunidades autónomas, que han pedido más tiempo para revisar los cambios, comunicarán la decisión de si se adhieren o no al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, antes de mañana a mediodía", detallan.
Con todo, Sanidad informa que, de las 157 propuestas que han presentado las comunidades autónomas, diez "no han tenido una respuesta positiva", mientras que el resto "han conllevado una modificación o aclaración al texto" que aspira a reducir la prevalencia del consumo de tabaco de manera continua durante los próximos años, con medidas concretas. Esta misma mañana, la ministra ha recordado que el plan no especificará como tal los nuevos espacios sin humo —el documento únicamente menciona que se quieren ampliar, pero no concreta los lugares en los que vetar el tabaco—, y ha avanzado que esto es algo que se especificará en una futura normativa, ya que "se tiene que derivar en las diferentes leyes".
Las comunidades piden presupuesto
La propuesta, sin embargo, no ha sentado bien a la mayoría de comunidades autónomas, que ya han mostrado su rechazo. Desde la Comunidad de Madrid, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha tildado de "inadmisible" que el documento haya salido a la luz incluso antes de haber sido debatido con las administraciones autonómicas, y ha manifestado su sorpresa ante ese nuevo procedimiento que ha planteado Mónica García para llegar a un acuerdo.
"Votar un acuerdo de coordinación al que la comunidad autónoma se puede adherir especificando sus líneas rojas... Entiendo que para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco, sería más operativo modificar el nombre del Plan y sustituirlo por hoja de ruta", ha aseverado tras la reunión.
Para Andradas, el camino a seguir es ir avanzando "año a año" con acciones concretas y "una dotación presupuestaria específica". "Esto implicaría un verdadero compromiso político y además se podría hacer un seguimiento de los resultados. Si no, es mu posible que todo quede en una declaración de intenciones", ha concluido.
También se ha pronunciado al respecto Juan José Pedreño, consejero de salud de la Región de Murcia, quien ha asegurado que ve inviable la elaboración del nuevo plan sin una adecuada financiación para aplicar las medidas que contempla el proyecto. "Debe estar muy bien financiado y debe reconocerse cómo se va a financiar un tratamiento determinado para deshabituación tabáquica o cómo se van a financiar los recursos humanos para llevar a cabo las estrategias", ha aseverado.
Las propuestas que han ido remitiendo las comunidades en los últimos días plantean distintas modificaciones. Asturias o Cataluña, por ejemplo, apuestan por prohibir fumar en las terrazas, algo que rechazan de plano otras autonomías, o que el empaquetado de las cajetillas de tabaco sea el mismo, independientemente de la marca. Baleares o La Rioja, por su parte, prefieren la autorregulación con incentivos fiscales; mientras Canarias plantea también prohibir fumar en marquesinas, espacios deportivos al aire libre.
Sin embargo, hay otras comunidades que han expresado reticencias a prohibir el tabaco en espacios privados, tales como el coche cuando vayan a bordo embarazadas o menores de edad. Castilla y León y Andalucía han solicitado, en ese sentido, más claridad para que se compatibilice el derecho a la salud y el de la libertad individual.
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