En las últimas semanas hemos conocido las propuestas de tres gobiernos autonómicos del PP y Vox -en Aragón, en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana- para aprobar unas supuestas "leyes de concordia", cuyo único fin es derogar las leyes de memoria democrática actualmente vigentes.
Asistimos a una ofensiva revisionista y negacionista de la derecha y la ultraderecha con argumentos que dicen pretender la concordia, pero que en realidad solo sirven para blanquear la dictadura. Y lo hacen eludiendo hablar del golpe de Estado que nos arrastró a una guerra civil que acabó con la democracia e igualando 40 años de franquismo con el régimen democrático de la II República.
Desde el PSOE no permitiremos que la memoria democrática desaparezca de ningún territorio de nuestro país. Para defenderla, el Gobierno de España estudiará la constitucionalidad de estas leyes que, estamos seguros, conculcan la Ley de Memoria Democrática que las Cortes Generales aprobaron en 2022.
La situación exige una reacción clara, firme y democrática que defienda el espíritu reparador de la Ley de Memoria Democrática. Una reacción que ya ha apuntado estos últimos días el ministro Ángel Víctor Torres. Porque los y las demócratas no podemos permitir que se equipare el régimen franquista con la Segunda República, ni una dictadura con una democracia. Las familias deben poder seguir buscando los restos de sus seres queridos y contar con el respaldo necesario para conseguirlo.
La memoria sirve para cerrar heridas y es un bien patrimonial que nuestra democracia debe defender. El PP no debe dejarse arrastrar por Vox; y la ultraderecha no puede arrastrar en su estrategia al principal partido de la oposición. Pueden y deben rectificar. Porque la memoria es democracia. Y la democracia, sin memoria, es menos democracia.
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