El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes y decretos autonómicos sobre Memoria Democrática que PP y Vox han impulsado en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
En una rueda de prensa, el ministro ha adelantado que el Gobierno dará el primer paso en Aragón porque esa comunidad ha aprobado una ley que "claramente vulnera principios del derecho internacional y de los derechos humanos" y "ya ha sido analizada por los servicios jurídicos" de su departamento, cuyo informe será elevado este martes al Consejo de Ministros. "El nuevo gobierno de Aragón retira cualquier homenaje a quienes perdieron la vida en los campos de concentración nazis o retira la condena del franquismo", ha dicho, a modo de ejemplos.
En ese sentido, Torres ha asegurado que solicitará una reunión "bilateral" con el ejecutivo aragonés, como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional, pues considera "complicado" que lleguen a un acuerdo: "Anuncio que interpondremos el recurso 33.2 para solicitar una bilateral con el Gobierno de Aragón. Vamos a pedirle que se siente con el Gobierno de España y, si no está de acuerdo o no comparte los postulados jurídicos, automáticamente iremos al Tribunal Constitucional".
El ministro también ha afirmado que seguirá la misma estrategia frente a las normas que están impulsando los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, aunque todavía no han sido aprobadas: "En estas dos comunidades hay proposiciones de ley que lamentablemente unen los años del totalitarismo y la dictadura con un periodo democrático como fue el de la Segunda República. Eso es inadmisible porque lo que pretende el PP, obligado por Vox y cediendo ante Vox, es blanquear la dictadura".
"No se pueden igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, desapariciones y torturas con un periodo democrático. Lo importante es que decaigan esas proposiciones de ley, pero si finalmente las aprueban en los términos que hemos conocido, también iremos al Tribunal Constitucional", ha advertido.
Torres ha acusado al PP de "ceder ante Vox", un partido que "claramente quiere blanquear el franquismo" y ha defendido que las leyes de Memoria Democrática pretenden "cerrar heridas para que nuestros hijos sepan valorar lo que es la democracia".
El ministro ha recordado que las normas impulsadas por los gobiernos autonómicos de PP y Vox pueden "paralizar exhumaciones" en curso, mientras que las leyes de Memoria Democrática "no distinguen entre víctimas" porque lo que buscan es "sacar de las fosas a víctimas de uno y otro bando". "Lo que pasa es que las víctimas del bando vencedor ya fueron exhumadas con Franco vivo y sus familias fueron recompensadas económicamente", ha puntualizado, antes de apelar a PP y Vox a "no poner palos en las ruedas" frente a las exhumaciones.
De Memoria Democrática a Ley de Concordia
Las normas impulsadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León frente a la ley de Memoria Democrática responden a los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en esas comunidades y forman parte de las exigencias que impuso la formación de Santiago Abascal.
El pasado mes de febrero, las Cortes de Aragón fueron el primer parlamento autonómico en aprobar la derogación de la ley de Memoria Democrática con los votos de PP, Vox y PAR, con el objetivo de sustituirla por un nuevo "Plan de Concordia" que persigue "el reconocimiento a todas las víctimas", en palabras de la diputada popular Ana Marín.
En la misma línea, PP y Vox presentaron el pasado 21 de marzo en la Comunidad Valenciana una proposición de ley de Concordia para dejar sin efecto la ley de Memoria Democrática y que incluye también el periodo de la Segunda República. Y la semana pasada, los grupos de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León registraron su propia proposición de ley de Concordia, cuyo contenido sustituirá al decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018, con el objetivo de "honrar y proteger" a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.
Como la valenciana, esa ley incluirá hechos sucedidos entre 1931 (inicio de la Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución), un aspecto que el Gobierno ha condenado porque, a su juicio, pretende equiparar el franquismo con un periodo democrático. No obstante, el PP defiende que no pretende equiparar a ambos regímenes, sino de rechazar cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de "quién, cuándo y dónde".
En su exposición de motivos, la futura ley autonómica de Castilla y León recoge que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo" y que "tampoco se ha dado entre los historiadores". Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
Además de esas tres comunidades, otras tres autonomías gobernadas por el PP planean derogar la Memoria Democrática. En Extremadura, el pacto de coalición entre PP y Vox contempla una nueva ley de concordia para derogarla y en Baleares, a pesar de que los populares gobiernan en solitario, el pacto de investidura suscrito con Vox también prevé su derogación "para evitar la destrucción de monumentos y elementos históricos". Asimismo, el gobierno monocolor del PP aceptó en Cantabria una iniciativa de Vox para derogar la ley regional de 2021.
Aragón "no dará un paso atrás"
El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha respondido al ministro Torres que no darán "ni un paso atrás" en la derogación de la Memoria Democrática. "Podemos hablar de lo que quiera, desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho", ha dicho.
"Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de la gente que vaya en contra de la libertad, como es el caso del Gobierno de España", ha incidido.
Además, ha reconocido que "será difícil un entendimiento" con el Gobierno de España sobre la regulación de la Memoria Democrática, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende "mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que solo ampara a ciertas víctimas y no a todas".
En la misma línea, el consejero de Agricultura de Castilla y León, Gerardo Dueñas (Vox), ha señalado que su gobierno autonómico tiene "competencias suficientes" para la tramitación de la Ley de Concordia. "Esta es la tercera comunidad autónoma donde la hemos puesto en funcionamiento y creo que tenemos competencias suficientes como para seguir tramitándola en las Cortes, que es lo que vamos a seguir haciendo".
Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha considerado "paradójico" que el Gobierno recurra al Constitucional después de "vulnerar" la Carta Magna con la ley de amnistía y de ser "el Gobierno que menos la cumple".
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