El PSOE-M ya ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, a la que de forma coloquial se conoce como "ley Ómnibus 2" y a la que los socialistas madrileños se refieren como "ley antitransparencia de Ayuso", que se anunció incluso antes de que la reforma apareciera en el Boletín Oficial. La mencionada norma se aprobó a finales del año pasado por el procedimiento de urgencia para modificar 15 textos legales de muy diferente naturaleza, de la regulación sobre la Cámara de Cuentas a Radio Televisión Madrid (RTVM) pasando por el Consejo de Transparencia, la normativa que afecta a las vías pecuarias de la región o el establecimiento de un estatuto de los expresidentes regionales.
"Es una ley que lleva a cabo un desmantelamiento legislativo absolutamente injustificado y una voladura controlada del Consejo de la Transparencia y de las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar al Gobierno de Ayuso", ha señalado Juan Lobato, secretario general del PSOE madrileño que firma el recurso junto a otros 49 senadores, desde la entrada del Tribunal Constitucional (TC).
A lo largo de casi medio centenar de folios, los socialistas argumentan que la ley impulsada por el Ejecutivo autonómico adolece de "vicios de inconstitucionalidad" tanto en el fondo de las materias que aborda como en la forma en la que se planteó y aprobó. El recurso empieza poniendo el foco sobre la forma elegida por el Gobierno para acometer la reformas.
Los socialistas defienden que las leyes ómnibus, también conocidas como 'de acompañamiento' o de 'contenido heterogéneo', "dificultan" el derecho constitucional de los parlamentarios "a participar en la elaboración de las leyes", ya que se impulsan desde el poder ejecutivo y no desde el legislativo. Además, aseguran que menoscaban la seguridad jurídica porque "mezclan" un número "desmesurado" de materias y generan un "complicadísimo juego de remisiones" entre normas.
Y aunque reconocen que el Tribunal Constitucional ya estudió el encaje de esta técnica legislativa hace más de una década y acabó avalándola, los socialistas ponen el foco sobre los votos particulares que emitieron dos magistrados a esa sentencia de 2011 y animan a los magistrados actuales -de mayoría progresista- a abordar otra vez sobre estas cuestiones.
Lobato ha defendido que el debate de este recurso es "importante" porque versa "sobre elementos esenciales de la democracia en nuestro país". El líder socialista cree que "la ley antitransparencia de Ayuso" va "en la línea contraria del pluralismo político, del control y de la fiscalización de los gobiernos democráticos, como debe ser una democracia liberal".
"La señora Ayuso entiende que una mayoría absoluta le da derecho a saltarse la democracia, a imponer lo que ella quiere", ha reprochado Lobato, incidiendo en que "la democracia significa estar sometido a las críticas y a la fiscalización de la oposición".
Desde el PP no han tardado en contestar. "La pataleta que le queda al PSOE es recurrir las leyes que impulsa la Comunidad de Madrid y que se votan en la Asamblea", ha respondido este martes Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, al ser preguntado por el recurso. "Las dos leyes ómnibus que se han aprobado en la Asamblea, como el resto de iniciativas legislativas, responden a un interés general de mejorar la vida de los madrileños", ha defendido.
Sin cautelares
Los socialistas madrileños confían en que el TC admita sus pretensiones y anule completamente la reforma practicada en diciembre de 2023, o en su defecto que revierta cinco artículos, entre ellos los que afectan a la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y RTVM. Por los tiempos de resolución que maneja el Tribunal de Garantías, en el PSOE-M saben que la resolución no llegará a corto plazo y que la ley 'Ómnibus 2' desplegará sus efectos. De hecho, ya lo está haciendo: por ejemplo la renovación de la Cámara de Cuentas ya está en marcha.
Por este motivo, y aunque en un primer momento se había dicho que sí, en el recurso no se ha solicitado la adopción de medidas cautelares. El día que el TC falle sobre este recurso pueden pasar dos cosas: si es una decisión estimatoria, todos los cambios que se hayan realizado conforme a la ley impugnada se tendrán que deshacer; si por el contrario el pleno del Constitucional avala la reforma impulsada por el Gobierno de Díaz Ayuso, cualquier decisión relacionada con ella estará dentro de la ley.
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