El PSOE madrileño está ultimando el recurso que presentará contra la ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, a la que denominan de forma coloquial como "ley Ómnibus 2" o "ley antitransparencia", en el Tribunal Constitucional. Los socialistas se valdrán de 50 parlamentarios de su grupo en el Senado para registrar la iniciativa y lo harán antes del 29 de marzo, cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor del texto, que permite reformar 15 leyes autonómicas, entre ellas la que regula Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.
Precisamente, en el recurso se tratará de frenar los efectos de esta entrada en vigor, a través de la petición de medidas cautelares que, por ejemplo, detengan la "disolución" del Consejo de Transparencia actual. "No tendría mucho sentido que se tomará la decisión efectiva de disolver el Consejo para tener que volverlo a formar en seis u ocho meses después, cuando el Constitucional falle sobre el fondo del recurso que vamos a plantear", ha explicado este lunes Juan Lobato, secretario general del PSOE-M. "Habrá solicitud de medidas cautelares para evitar estos problemas que pudiera suponer la aplicación de la ley antitransparencia de Ayuso en tanto resuelve el Constitucional en contra", ha agregado.
El dirigente socialista ya avanzó la semana pasada que presentarían este recurso contra la reforma que impulsó en solitario el PP a finales del pasado año. Las modificaciones, según criticó Lobato, "usurpan capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar a la presidenta" y hacen desaparecer de facto el Consejo de Transparencia autonómico.
No es este el único frente que se le ha abierto este lunes al Gobierno regional. El principal partido de la oposición, Más Madrid, ha avanzado que trasladarán al Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, todos los datos sobre la reforma de las leyes LGTBI y trans que el PP practicó el pasado diciembre, así como los documentos sobre la gestión de la Comunidad en la pandemia que obran en su poder. En esa información estarían incluidas las actas policiales que ha podido conseguir este partido y que están en el centro de la polémica porque el Ejecutivo regional se ha negado a publicarlas, contraviniendo un fallo del Consejo de Transparencia, que ha sido recurrido en los tribunales.
"El contenido de las actas muestra la desesperación del personal (de las residencias) ante una situación de indefensión e injusticia", ha afirmado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. "Cada vez es más difícil negar que existieron los protocolos de la vergüenza", ha agregado, además de opinar que "cada vez hay más indicios de la responsabilidad penal de la señora Ayuso y de sus exconsejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López".
Además, Vox, el otrora socio preferente de los 'populares' en Madrid, ha vuelto a quejarse este lunes de lo que está sucediendo en torno a la comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid. Desde este partido ya se quejaron hace semanas de que se les estaban bloqueando numerosas preguntas sobre contratos y su portavoz, Rocío Monasterio, ha insistido este lunes en que las competencias de esta comisión aún no han sido definidas.
"Tan brutal es la falta de transparencia que la presidenta de la comisión ha dicho que dimite el día 15 si no le dejan hacer su trabajo", ha afirmado Monasterio. A las críticas también se han sumado el PSOE y Más Madrid, mientras que el PP ha defendido el proceso de fijación de competencias que se está llevando a cabo. "No es cuestión de que se pueda evitar el estudio de los contratos, sino de qué aspectos puede estudiar la comisión", ha argumentado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP.
El líder de los 'populares' en el parlamento autonómico, además de contestar a la oposición, ha avanzado tras la Junta de Portavoces que su grupo ha registrado una proposición no de ley en la Cámara para "defender" la agricultura a través de la reducción de impuestos y la burocracia. "La iniciativa también pretende fomentar la seguridad y asegurar la viabilidad de la agricultura y ganadería madrileñas", han señalado desde el PP, que defenderá esta iniciativa en el pleno ordinario de la próxima semana.
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