La larga búsqueda de Carlos Colón Sicardo se remonta a un día de marzo de 1939, en los últimos estertores de la Guerra Civil española. El coronel José Sicardo, un militar de carrera al que su nieto Carlos define como un "hombre intelectual y muy liberal" y que se había mantenido fiel a la República tras el alzamiento, se montó en el último avión de Air France que salía de Alicante con destino a Toulouse. Junto a él iba su mujer, Mariana Carderera, una madrileña monárquica y de clase alta que se veía arrastrada fuera de España por la amenaza que se cernía sobre su marido, y las hijas de ambos: la tía y la madre de Carlos.

La abuela Mariana había heredado una importantísima colección de arte que, con el exilio de la familia, se quedó desamparada en su vivienda de Madrid, ubicada junto al parque del Retiro. Días después de que la familia Sicardo se montara en ese último avión francés que abandonó la zona republicana, las tropas franquistas entraban en Madrid. La vivienda permaneció habitada por una familiar hasta que, en mayo de ese año, agentes del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan) irrumpieron en la vivienda y se llevaron todos los bienes incluido mobiliario, diversos objetos decorativos, libros -entre ellos, una primera edición de El Quijote- y 104 cuadros de diferentes épocas y autores. Todo quedó incautado y documentado bajo una misma categoría: “Sacado del domicilio de un jefe militar rojo”.

Sergio García

La familia recorrió un largo periplo que les llevó finalmente a Puerto Rico, la isla natal del coronel, donde permanecieron en el exilio hasta mediados de los años 60. Tras su regreso a España, con el coronel achacado de arteriosclerosis y la mente nublada sin remedio, la abuela Mariana Carderera pudo recuperar la vivienda, pero todos los bienes incautados nunca volvieron a manos de la familia. Este relato de los hechos llegó a Carlos Colón a través de su madre, que, igual que su abuela, siempre renunció a tratar de recuperar esas obras de arte.

"A su regreso, pasaron mucho miedo", declara Colón Sicardo desde su actual vivienda en el distrito madrileño de Chamartín, sentado en el sofá bajo un cuadro de su abuela Mariana. "Mi tío Fernando le dijo a mi abuela: 'Deberías pedir los cuadros'. Pero ella siempre respondía lo mismo: 'No, no, no. Lo que se llevó la trampa, se lo llevó la trampa'. Tenía miedo y no quiso pedir nada".

El estrecho salón del piso parece un museo en miniatura. Las paredes están repletas de cuadros y los muebles llenos de figurillas de cerámica, libros y fotografías antiguas. Su pequeña colección, sin embargo, es incomparable con la que perteneció a su familia en el pasado. Más de cien cuadros, entre ellos obras de Goya y Velazquez, que fueron expoliadas por las autoridades franquistas y repartidas por instituciones gubernamentales o, simplemente, regaladas a amigos del nuevo régimen. Un elenco de obras que este profesor universitario se ha empeñado en localizar y tratar de recuperar de allí de dónde estén.

Sergio García

"Lo hago por mis abuelos que sufrieron mucho y tuvieron que irse de su país, perdieron su estatus, perdieron su patrimonio y casi pierden la vida. Un hombre como mi abuelo, que luchó en tres guerras por defender España", explica el profesor Colón Sicardo. "No estoy buscando venganza ni nada. Yo lo que estoy buscando es justicia".

La gran diáspora del arte español

Cuando los agentes del Spdan abandonaron la vivienda de la familia Sicardo-Carderera, todo lo incautado se envió a un depósito ubicado en el Museo de Arte Moderno. Una vez allí, las obras fueron entregadas a museos, iglesias, organismos públicos y a particulares que reclamaban ser los legítimos propietarios sin aportar ninguna prueba más que su palabra.

La incautación y posterior reparto de bienes de los enemigos del nuevo régimen, como el ex ministro Domingo Barnés Salinas, el exalcalde madrileño Pedro Rico o el empresario naviero y nacionalista vasco Ramón de la Sota, fue una práctica habitual en la inmediata posguerra, tal y como ha estudiado el historiador Arturo Colorado, autor de la obra Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista, publicada en 2021.

"No había ningún criterio para el reparto, sencillamente, se hacía a base de petición. Aparecía el rector de una universidad o el director de un instituto y decía: 'Oiga, yo necesito obras, a ver si me dan algunas que tienen ustedes ahí, que no saben qué hacer con ellas'. Y le daban 10, 15, 20 obras", declara el historiador, que fecha el punto álgido de este expolio en la primera mitad de los años 40, aunque se extendió hasta finales de la década. Más de 17.000 obras fueron incautadas por el régimen en esos años. "Nunca ha habido en la historia de España una mayor diáspora de obras de arte", sentencia Colorado.

Las obras del coronel Sicardo y su esposa Mariana identificadas por el historiador en su investigación fueron adquiridas ilegalmente por personajes afines al franquismo como el conde de Romanones o la falsa marquesa de Arnuossa -el título ni siquiera existe-, que juró por Dios y por su honor ser la propietaria de dos obras de la colección que acabaron después en paradero desconocido. Otras han terminado en Ministerios, paradores de turismo o en museos, entre ellos el del Prado.

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La principal pinacoteca del país encargó al propio profesor Colorado que localizara las obras que llegaron al museo procedentes tanto de las incautaciones de las autoridades republicanas durante la guerra como de las franquistas durante la posguerra. El resultado, publicado en marzo de 2023, fue la identificación de 70 obras con este origen, que, sin embargo, siguen sin haber sido restituidas a sus legítimos propietarios.

"Esto es como si fuera uno de los restos del franquismo, una herida no cerrada", opina el investigador. "Me parecería lógico devolver las obras localizadas a sus legítimos propietarios, pero eso es una decisión política que a mí no me corresponde, yo no soy jurista ni político, soy investigador e historiador y, por lo tanto, yo me centro en la historia".

Una ley incumplida

En pleno inicio del debate en España sobre las incautaciones de obras de arte durante la posguerra, el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática, que contenía un artículo -el 31- en el que se insta a realizar una auditoría de "de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte". Una vez finalizada esta auditoría, señala la ley, "se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados2.

A día de hoy, ni una cosa ni la otra se han realizado. La ley fijaba un plazo para la finalización de la auditoría de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, es decir, hasta octubre del año pasado. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se limitaron a indicar a 20minutos que "se está trabajando en la auditoría, pero es un proceso largo y complejo donde también interviene Hacienda para su valoración". "Cuando se culmine,"-añadieron estas fuentes-"se hará público".

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A falta de esta auditoría y de un mayor desarrollo legislativo de la ley, reclamantes como Carlos Colón Sicardo deben, por una parte, financiar su propia investigación para localizar y reclamar las obras y, por otra, confiar en que las instituciones públicas a las que se les reclame implementen la devolución de las obras. Algunas administraciones como el Cabildo de Gran Canaria han mostrado su intención de iniciar estos procesos de restitución que, no obstante, se acaban bloqueando en la maraña burocrática estatal.

"La auditoría, según la ley, es el paso previo para poner en marcha la materialización de este derecho al resarcimiento, entonces, todo esto está bloqueado porque no se avanza en los pasos prácticos de la Ley de Memoria Democrática", declara la representante legal de reclamantes como la familia de Pedro Rico. "Esta ley prometía ser un paso importantísimo a la hora de recuperar los bienes incautados, pero, al final, como nunca se aprueba la normativa de desarrollo en la que la administración se basa para poder iniciar las restituciones, es como un bucle. Lo que no se puede es prometer a los interesados y a las víctimas que se van a hacer tantas cosas y luego, sin embargo, dejarlas todas en el tintero".

Con todo, la letrada insiste en que la Ley de Memoria Democrática no es la única vía de los reclamantes para armar un argumento legal e insiste en que lo ideal es evitar entrar en la vía del litigio judicial y tratar de culminar la devolución mediante el diálogo con las administraciones correspondientes. Un ejemplo de ello fue una de las pocas restituciones de obras expoliadas durante el franquismo que se han dado a conocer hasta la fecha, anterior a la aprobación de la citada ley. El Parador de Almagro devolvió, por vía extrajudicial, dos obras a la familia del naviero vasco Ramón de la Sota en agosto de 2022.

"De las reclamaciones que se han hecho después de la Ley de Memoria Democrática", se lamenta la letrada, "no solamente no es que no se hayan devuelto obras, es que ni siquiera se contestan a las reclamaciones".

Justicia para el coronel y su esposa

A través de una documentación facilitada por una amiga personal que trabaja en Patrimonio Nacional, Carlos Colón Sicardo ha logrado localizar 76 obras de las 156 cuadros que componían la colección de su abuela. Ahora, se ha puesto en manos de un bufete de abogados que ha iniciado los contactos con las instituciones correspondientes para empezar la restitución. "Lo que nos dicen los abogados es que hay muchas posibilidades", declara Colón Sicardo, que advierte: "No queremos llegar a demandar al Estado, por supuesto, pero si fuera necesario, se hace".

Las obras que salieron de la casa familiar -hace décadas vendida- de la calle Moreto acabaron repartidas por instituciones tan variadas como el Museo del Romanticismo, el Museo de la Catedral de Segorbe, el Ministerio de Hacienda o la Biblioteca Histórica. Sobre los que han acabado en manos de particulares, Colón Sicardo ha renunciado a pelear por ellos por no querer "afectar a personas que ya no tienen nada que ver".

Sergio García

El nieto del coronel muestra con orgullo la colección de fotos que conserva de sus abuelos. Una, en su etapa en Roma, cuando el coronel fue agregado militar de la embajada antes del inicio de la guerra, otra, del general Collins, embajador de Estados Unidos en París y amigo personal de su abuelo que facilitó a toda la familia los visados para poder salir de Francia camino a Puerto Rico. Colón Sicardo no ve ningún tipo de conflicto en que, a casusa de su reclamación, se retirase una obra de un museo para volver a una colección privada, más aún si se compara con la injusticia que sufrió su familia.

"El Estado español en ese momento no tuvo ningún reparo en incautar y robar obras que no eran propias y darlas a manos privadas. El conflicto deberían tenerlo ellos, yo no tengo ninguno", defiende el profesor universitario. "Si ellos quieren quedarse con la obra, que me la compren. Pero yo no voy a regalarle ninguna obra que un Estado le ha quitado de esa manera a mi familia. El único conflicto que me generaría es que no se hiciera justicia".

—¿Cómo se haría justicia?

—"Si el Estado nos pide comprar las obras y resarcirnos económicamente, yo lo acepto. Y todos los herederos implicados, lo aceptaríamos. Pero sí que nos gustaría, simplemente, que cada uno tengamos una pieza como recuerdo de esa colección".

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