La crisis que vive el Poder Judicial español a raíz del bloqueo crónico de su órgano de gobierno, el CGPJ, parece abocada a continuar. A comienzos de año, el Gobierno y el Partido Popular emprendieron el enésimo intento de llegar a un pacto para renovar el Consejo, pero las conversaciones se han enfriado en los últimos meses y se han topado con un escollo que amenaza con hacerlas fracasar. PP y PSOE no logran ponerse de acuerdo sobre un asunto clave: el partido de la oposición quiere acordar al mismo tiempo la renovación del órgano y la reforma en el sistema de elección de sus vocales, mientras que el Ejecutivo busca zanjar el primer punto y "después", hablar del segundo.
Este desencuentro se suma a dos circunstancias que complican la negociación. Por un lado, el calendario electoral de los próximos meses, con elecciones en el País Vasco (21 de abril), en Cataluña (12 de mayo) y en el Parlamento Europeo (9 de junio). Por otro, la agenda de Didier Reynders, comisario de Justicia de la Comisión Europea que se comprometió a mediar en la negociación por el plazo de dos meses. El plazo ha terminado y el comisario se presenta candidato a presidir el Consejo de Europa, con lo que su permanencia en la mediación ha quedado en el aire.
No obstante, el problema del Consejo General del Poder Judicial, que ha llegado a límites insospechados, va más allá de la coyuntura actual. Este órgano, encargado entre otras cosas de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y demás cargos de la cúpula judicial, debió renovarse en diciembre de 2018. La Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial otorgan a sus 20 vocales un mandato de cinco años, un periodo que a estas alturas se ha duplicado. Una circunstancia que a juicio del presidente de la Audiencia Provincial de Coruña, Ignacio Picatoste, demuestra "el agotamiento" del modelo establecido por el Gobierno de Felipe González en 1985.
¿Cómo se eligen a día de hoy los integrantes del CGPJ?
El modelo actual viene regulado en la ley orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1985. Según esta norma, los 20 vocales del CGPJ son nombrados por las cortes y el presidente del Tribunal Supremo lo es, a su vez, de este órgano. Entre los 20 integrantes, 12 son jueces y ocho son "juristas de reconocido prestigio". La elección se reparte a partes iguales -seis jueces, cuatro juristas- entre el Congreso y el Senado. En ambas cámaras se exige una mayoría cualificada de 3/5 para tratar de asegurar el consenso. En el caso del turno judicial, la elección parte de una lista previa de candidatos propuestos por la carrera judicial.
Según explica Joaquim Bosch, otro magistrado consultado por este periódico, Felipe González ideó este modelo para blindarse ante una judicatura que "en gran parte tenía nexos con el franquismo". En aquellos primeros años de la transición, el grueso de la carrera judicial española lo componían hombres, jueces que habían accedido a la judicatura durante el franquismo. Previamente a la de 1985 se había redactado una primera ley en 1980 que otorgaba a los propios jueces la elección del CGPJ, que por aquel entonces "torpedeaba las reformas legales de Adolfo Suarez y Felipe González".
Esta situación, prosigue Bosch, llevó al socialista a aprobar una reforma que "nos alejó de Europa con un sistema de reparto por cuotas" que permanece vigente a día de hoy. Con el paso de los años, "hemos pasado de una fórmula en la que los constituyentes pensaron en buscar consenso a un sistema de cuotas", indica por su parte el catedrático Xavier Arbós, un intercambio de cromos entre los dos principales partidos del país.
La prueba más inmediata es la actual negociación que mantienen el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons. Las conversaciones se producen "sin rubor", al margen del Parlamento y "en el extranjero", con la mediación de la Unión Europea. "La labor de las Cortes ha quedado derrumbada, y con ella el modelo", señala Picatoste.
Jaime Lozano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es aún más duro con el actual modelo. A su juicio, el sistema de elección "es constitucional", pero "se está ejecutando de una forma inconstitucional". El togado defiende este argumento apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 1986 avaló la ley orgánica diseñada por González. El órgano de garantías dio luz verde a la norma pero advirtió del "riesgo" de que el modelo frustrara el consenso que buscaba la Constitución si las Cámaras "distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos".
¿En que consiste la reforma que piden el PP y la UE?
La Comisión Europea lleva años incluyendo en su informe sobre el Estado de Derecho una recomendación para la reforma del CGPJ en España. Para "adecuar" el órgano a "los estándares europeos", la Comisión propone reformar el sistema de elección de sus miembros, una medida que el PP plantea como condición imprescindible en el acuerdo que trata de alcanzar con el Gobierno.
La reforma consiste en que los 12 jueces del CGPJ sean escogidos por la carrera judicial, y no por las Cortes. El objetivo es lograr un equilibrio entre la influencia de los partidos políticos y la de los propios jueces, más bien el de las asociaciones judiciales, para no correr el riesgo de caer en "el corporativismo" de estas organizaciones. "Si hay una parte de vocales nombrados por el Parlamento y otra escogida por jueces, el sistema permite espacios de vigilancia", resume Joaquim Bosch.
"Es razonable que los jueces participen en el sistema, pero que la composición del Consejo dependiera exclusivamente de ellos suscitaría dudas", apunta Arbós, que pone de relieve también la necesidad de "reconsiderar la forma de acceso a la función judicial". "El hecho de que para ser juez existan unas oposiciones tan duras que requieren de media cuatro años de estudio conduce inevitablemente a un sesgo socioeconómico", argumenta Arbós en este sentido.
La reforma que plantea Bruselas tiene el apoyo mayoritario de los jueces, que sin embargo advierten de la importancia de diseñar un sistema de elección que no deje todo el poder en las asociaciones judiciales. Para ello, lo más lógico sería evitar "las listas cerradas" y abogar por un sistema de "voto nominal" en el que los candidatos "no necesiten demasiados avales para presentarse".
Y si la elección sigue a cargo del Parlamento, "debe haber méritos tasados, informes técnicos de comisiones independientes, incompatibilidades, y que votara el Parlamento de verdad, no a través de un reparto de cuotas", defiende el magistrado Joaquim Bosch. Jaime Lozano, por su parte, cree imprescindible que "las asociaciones judiciales no se hagan con todos los puestos" para evitar que se produzca "una politización parecida" a la actual. "Las asociaciones a veces han funcionado como correas de transmisión de los intereses políticos", alerta el togado.
Además de ser magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Lozano forma parte de la Plataforma Cívica Independencia Judicial, que en su momento ideó un modelo de elección judicial diseñado precisamente para evitar la excesiva influencia de las asociaciones.
Además de defender que la carrera judicial nombre a los vocales jueces a través de un sistema electoral que impida a las asociaciones copar todos los puestos, la Plataforma lanza una última idea: "Si se acentuase el carácter reglado de las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo por parte del Consejo no habría tanto interés en dominarlo". La idea de limitar el poder del CGPJ a la hora de hacer nombramientos discrecionales, defendida también por el actual presidente interino del órgano, es otra de las propuestas que encuentran gran consenso entre la judicatura.
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