El pleno del Ayuntamiento aprueba limitar las viviendas de uso turístico en Sevilla

Turista junto a unos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla
Turista junto a unos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla
R.M.T
Turista junto a unos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla

Sevilla va camino de convertirse en la primera ciudad de Andalucía en limitar las viviendas de uso turístico (VUT), tras la aprobación del Decreto Autonómico el pasado 29 de enero. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial este jueves la propuesta de limitación del número máximo de VUT en la ciudad, con los votos a favor de PP y PSOE, la abstención de Podemos-IU y el rechazo de Vox, después de que el pasado Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente diera luz verde a la misma. 

El pasado 11 de marzo, el Gobierno de José Luis Sanz, presentó esta medida, que fija el máximo de pisos turísticos por barrio en el 10% del total de viviendas familiares disponibles, siendo ese umbral el que marcará la presión turística admisible. A partir de ahí, la norma fija tres zonas. La primera, en la que la tasa de pisos turísticos es superior a este 10% y no se permitiría ninguno más hasta que no decrezca por debajo de este porcentaje; la segunda, los VUT registrados estarían entre el 5% y el 10% y podría aumentar de manera controlada; y la tercera, estos alojamientos no llegaría al 5%. 

En la zona uno se encontraría actualmente once barrios del Casco Antiguo (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y, San Vicente) y el barrio de Triana. En la dos San Julián, El Museo y San Bernardo; y en el sector tres, los 94 barrios restantes, con una menor presión turística.  

En base a un estudio realizado por el Ayuntamiento y a una consulta en la que han recibido 663 aportaciones, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan De la Rosa, ha defendido que las conclusiones "son muy acertadas y muy compensadas", y por eso, marcan ese 10%, porque "es cuando parece que confronta el nivel de saturación del turismo con la convivencia vecinal", ha añadido De la Rosa. "Se trata de un porcentaje que hace referencia a la pérdida de población, a las VPO, a los precios, a viviendas deshabitadas y al alquiler, entre otros factores".

Tras esta aprobación provisional, se abrirá un periodo de exposición pública de 20 días. En este sentido, el delegado ha señalado que "no tengo ningún problema" en estudiar cualquier tipo de propuesta "que pueda mejorar este camino, en el que nos jugamos mucho el Ayuntamiento porque, no cabe duda, de que el turismo es un motor económico fundamental".

En los grupos de la oposición, tanto PSOE como la coalición de izquierda han criticado la "falta de ambición" que presenta la propuesta y han reclamado que el porcentaje que limita ese número máximo de viviendas de uso turístico sea inferior al 10%. Si bien el grupo socialista ha votado de manera favorable: "Entienda este Sí no como una barra libre para que hagan lo que quieran", sino que a partir de ahora, "tenemos que entendernos! para que salga una modificación lo "suficientemente ambiciosa para que dé respuesta certera" a ese problema de proliferación de las viviendas turísticas, ha subrayado el concejal Francisco Páez. 

El edil socialista no duda de los profesionales que han hecho el estudio, pero "sí de cuestiones tan importantes como es la proporción", que entiende que "tendría que ser otro porcentaje. ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 7?", ha cuestionado al Gobierno municipal. "Con el 10%, este Gobierno demuestra la poca ambición para limitar realmente la proliferación de este tipo de alojamientos", ha concluido.

En esa línea se ha mostrado la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que aunque considera que "la propuesta actual se queda corta", ha defendido la abstención al considerar que "mejor que nada es algo". Pero "hay que pensarlo mejor, hablar con la gente, escuchar lo que tienen que decir" sobre la situación que están viviendo en los barrios, especialmente, "los que están sometidos a una mayor presión turística". 

No obstante, Hornillo confía en que en el plazo de alegaciones, "escuchen a la ciudadanía" e insta a una moratoria para que se cancelen las licencias de viviendas con uso turístico "hasta que tengamos un planteamiento más adaptado". Una cuestión, cabe recordar, que el edil popular ya informó el pasado 11 de marzo que no era posible no otorgar más licencias mientras no esté aprobado el documento, en base a la ley. 

Desde Vox consideran que las circunstancias de cada zona requieren "porcentajes específicos". "El problema se ve claro cuando se miran los números. En el centro, ya se traspasa por miles el número de las licencias posibles. Y como no se puede aplicar con carácter retroactivo como es lógico, no se va a solucionar el problema", ha señalado la portavoz, Cristina Peláez.

"Aquí se limita la concesión de viviendas de uso turístico, no de apartamentos turísticos ni alojamientos hoteleros de cualquier carácter", ha advertido la edil. Un hecho que podrá "evitar que se generen nuevos problemas" de convivencia en las comunidades de vecinos, pero el resto, "que derivan de la falta de una regulación adecuada, no se van a solucionar", ha afirmado al tiempo que señalaba que la medida no es efectiva en absoluto. 

Una vez aprobado, será de aplicación inmediata

La medida contempla que en aquellos barrios donde se haya llegado al límite de VUT máximo considerado, o este haya sido sobrepasado, "no se otorgará ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico", ha incidido De la Rosa. 

El documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente será de aplicación "inmediata". Desde el Consistorio se enviarán los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro.

Asimismo, se abrirán expedientes disciplinarios a aquellas viviendas dedicada a tales fines cuyo registro sea cancelado por la Junta; se pedirá al Colegio de Administradores de Fincas que faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios; y se dará cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos. 

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