Sumar intenta desmarcarse del escándalo del caso Koldo que afecta al PSOE y también de la estrategia socialista de cargar contra los escándalos de corrupción del PP para defenderse. Este jueves, la coalición que lidera Yolanda Díaz presentó una proposición de ley para crear una oficina anticorrupción independiente y desligada del Gobierno, un órgano que se dedicaría a fiscalizar la utilización del dinero público que la Administración General del Estado utiliza para hacer contrataciones o compras.
La propuesta, además, sirve a Díaz para marcar perfil propio en un momento en el que se encuentra opacada en el seno del Ejecutivo. De hecho, Sumar se ha mostrado frontalmente en contra tanto de la corrupción como, sobre todo, del constante cruce de reproches en torno a los diferentes casos que lleva un mes monopolizando el debate político en España. Este jueves, el portavoz parlamentario de la formación, Íñigo Errejón, señaló que "hay que elegir si contribuir al coro de gritos o ponerse manos a la obra para garantizar que la política deja de perder el tiempo", y acusó tanto al PSOE como al PP de sumirse en una "pelea de gallos".
La propuesta presentada este jueves por Sumar tiene por delante un largo camino parlamentario hasta que se ponga en marcha, para lo cual necesitaría indefectiblemente el apoyo del PSOE. En cualquier caso, el diseño de la oficina anticorrupción que se plantea otorgaría a este órgano la potestad de aplicar multas de hasta un millón de euros en los casos más graves a empresas y organismos que incurran en las infracciones más graves o la prohibición de recibir fondos públicos durante cuatro años.
El nuevo organismo tendría un director elegido por mayoría de tres quintos por el Congreso y que no podría militar en ningún partido, aunque si los grupos no se pusieran de acuerdo en seis meses el cargo podría ocuparlo quien obtuviera la mayoría absoluta en la Cámara Baja. El personal, por su parte, procedería del cuerpo de funcionarios. Y la función sería la de fiscalizar el uso del dinero público de toda la administración estatal en su conjunto, incluyendo las Cortes Generales, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, además de cualquier entidad con una participación mayoritaria del Estado.
En concreto, este organismo tendría funciones de investigación sobre el posible destino irregular de fondos públicos. Por ejemplo, en la proposición de ley se pauta la tramitación de denuncias ante actos u omisiones que lleven a fraude, conflicto de intereses u otra actividad ilegal. Si finalmente se encontrara un uso indebido del dinero público, la oficina podría prohibir a una empresa o particular recibir cualquier tipo de ayuda, subvención o beneficio fiscal. Además, para las infracciones más graves se establecen multas de entre 30.001 y 400.000 euros si las responsables son personas físicas y de 600.001 hasta un millón de euros si son personas jurídicas.
"Se trata de trabajar ex ante, no ex post, es decir, de actuar antes de que se produzca la corrupción", explicó en este sentido el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar Enrique Santiago, que señaló que la creación de la oficina anticorrupción seguiría el ejemplo de "modelos insuficientes pero importantes que se han puesto en marcha en algunas comunidades", como son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragón o Navarra, que tienen organismos similares pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe a sus territorios.
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