El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha desplegado las acciones que anunció el pasado lunes contra el Ministerio Fiscal por la nota informativa que difundió el 14 de marzo. El documento contenía algunos datos de las conversaciones mantenidas entre el abogado de Alberto G. A., la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía Provincial de Madrid en el marco de la investigación que se seguía contra él por la presunta comisión de un fraude fiscal con el que habría evadido el pago de 350.951 euros a la Hacienda Pública.
La Junta de Gobierno del citado colegio consideró el pasado lunes que esa comunicación podría ser constitutiva de un delito de revelación de secretos porque se difundían "datos concretos de comunicaciones de un letrado" en el marco de "un proceso de conformidad en curso". Por ello, este miércoles se ha presentado una denuncia penal, otra administrativa y el ICAM se ha desvinculado temporalmente del protocolo de conformidades de la Fiscalía.
El ICAM considera en su denuncia que a través de la actuación del Ministerio Fiscal "se produce una efectiva conculcación del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente del derecho a un juez imparcial", concluye el ICAM.
"El ICAM no se arrodilla e inicia un despliegue sin precedentes de acciones legales y medidas de respuesta", ha señalado Eugenio Ribón, decano del colegio profesional. Ribón ha subrayado que la nota informativa del Ministerio Público constituye una "vulneración gravísima" ante la que la Abogacía "no puede ni permanecer impasible ni resignarse" y ha destacado que con estas acciones el ICAM se erige en "baluarte indiscutible del derecho de defensa".
Desde el ICAM apuntan a un presunto delito de revelación de secretos recogido en el artículo 417 del Código Penal que sanciona a la autoridad o funcionario público que revele "secretos o informaciones" de los que haya tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo. Cuando se trata de datos de un particular, además, las penas previstas se agravan pueden acarrear prisión.
No es el único incumplimiento legal que señala la denuncia presentada este miércoles, pues esta también alude a un presunto quebrantamiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que obliga a sus representantes a guardar "sigilo y discreción" sobre los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Además, el ICAM subraya que la actuación del Ministerio Fiscal debe estar regida por los principios de "legalidad e imparcialidad".
La denuncia del ICAM, que tendrá que ser asumida en los próximos días por un Juzgado de Instrucción de la capital, también no señala al presunto responsable del delito de revelación de secretos que bajo su punto de vista se ha cometido, pero reclama que sea identificado en el marco de una investigación judicial para dirimir responsabilidades.
"El sujeto activo sería el funcionario del Ministerio Fiscal que haya ordenado o consentido la publicación de la nota informativa de 14 de marzo de 2024", se explicita. "Es quien, teniendo conocimiento del asunto como consecuencia del cargo que desempeña, lo revela, haciéndolo público", se añade al respecto.
Además de presentar esta denuncia, el ICAM ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador paralelo por lo que considera una infracción "grave" del artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El colegio madrileño también ha remitido una comunicación formal al Consejo General de la Abogacía para que se revise el actual Protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado para establecer mecanismos reforzados de confidencialidad. Mientras esto no se produzca, se precia, el ICAM se desvincula del mismo "dada su inadecuación". "Vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado", se zanja desde el colegio.
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