La Comisión Europea ha recordado este martes el estrecho vínculo que existe entre la llegada de más fondos Next Generation y que las ciudades cumplan sus compromisos para crear zonas de bajas emisiones (ZBE), carriles bici, promover el transporte público o peatonalizar calles. Si bien no ha mencionado la 'amenaza' que esgrime el Gobierno de que tendrán que devolver los fondos -un total de 1.500 millones- que ya se han repartido para ello, la Comisión ha trazado un camino a la inversa, de modo que no desembolsará más dinero hasta comprobar que las ciudades han cumplido sus obligaciones. Si en este momento lo hacen pero luego dan marcha atrás, quedarán bloqueados tramos posteriores de fondos europeos. En concreto, ha dicho, será una de las cuestiones que se están evaluando para desembolsar el cuatro tramo de ayuda, de 10.000 millones que Gobierno y Comisión acordaron hace unos días aplazar dos meses, así como los siguientes.

"Ninguno de estos objetivos se ha evaluado aún", ha dicho una representante de la Comisión Europea este martes en la comisión de Peticiones que examinaba una denuncia al respecto de Ecologistas en Acción. Sin embargo, ha añadido que la evaluación de parte primer capítulo del componente 1, relativo a la movilidad urbana sostenible, del Plan Nacional de Recuperación y Resilencia con los compromisos del Gobierno a cambio de los fondos Next Generation, ya "está en marcha" antes de autorizar el cuarto pago a España. Ha añadido que otros dos objetivos de este componente de movilidad sostenible determinarán el sexto pago, otro más el séptimo y el último, el noveno. "España solo recibirá los fondos cuando la Comisión haya evaluado que los objetivos se cumplen satisfactoriamente", ha dicho su representante, que ha señalado que también habrá penalización si, como denuncia Ecologistas en Acción, se cubren los objetivos pero luego se da marcha atrás. "En caso de que se cumplan en el momento de pedir los fondos pero luego se reviertan, la Comisión Europea bloqueará cualquier fondo posterior hasta que se solucione".

"La inversión 1 del componente 2, que incluye los objetivos 4, 5, 6,7, y 9", ha dicho la representante de la Comisión Europea sobre medidas de financiación "para ayuntamientos y comunidades de proyectos para incentivar el transporte colectivo, la movilidad activa y las infraestructuras ciclistas", incluida la obligación de que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a creen zonas de bajas emisiones.

Investigación y visita a España

La Comisión ha dejado claro el procedimiento en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que este martes ha escuchado una denuncia de Ecologistas en Acción en contra de la destrucción en ciudades gobernadas por el PP y Vox como Logroño, Valladolid, Gijón, Elche o Castellón de carriles bici. La organización ha reclamado "una investigación de la UE sobre el mal uso de los fondos", del que responsabiliza a los alcaldes que incumplen o que dan marcha atrás pero también al Gobierno central, la que ha acusado de "permitir modificaciones y retrocesos contra los propios controles de los fondos para no perderlos". "El Gobierno no puede no redoblar los controles", ha afirmado el representante de Ecologistas en Acción La Rioja, Julio Romero.

También ha reclamado que una delegación del Parlamento Europeo venga a las ciudades donde denuncia retrocesos en movilidad sostenible, algo que ha apoyado el PSOE y ha rechazado el PP.  

Restricción al tráfico y multas en Barcelona

Por otra parte, la Comisión Europea ha avalado la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) como una de las medidas que España tiene en su mano tomar para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2022 condenó por superar los niveles de partículas contaminantes como el NO2, que emiten los motores de combustión. Esta ha sido su reflexión a la queja que, también ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara, ha presentado la plataforma 'Ciutadans contra Abusos de la ZBE" en contra de la zona de restricción de tráfico en Barcelona, que ha explicado que no solo se limita al centro histórico sino que abarca casi todo el Área Metropolitana, y que prohibió el tránsito de vehículos de determinada antigüedad, que obligó a sus propietarios a dejarlos en casa y tener que tomar el transporte público o comprar otros, en el caso de los más afortunados.

"Ha causado graves daños a una parte muy importante de la ciudadanía y en particular a los de menor poder adquisitivo porque no pueden utilizar sus vehículos", ha dicho el portavoz de este grupo, Martín Gurría, a quien el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha calificado de "héroe" por denunciar en Bruselas esta política medioambiental, que, ha enfatizado, ha provocado "verdaderos dramas, pérdidas de trabajo, enfermedades y graves trastornos". 

"La protección de la salud ambiental no se puede conseguir a cualquier precio", ha dicho Gurría, que ha dicho no entender por qué se restringe el tráfico rodado en una ciudad donde hay puerto y aeropuerto, actividades que "contaminan más". Ha reclamado ante la Eurocámara una "compensación" para los ciudadanos, que el Ayuntamiento devuelva los cerca de 30 millones de multas que, según un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaudó de manera indebida por la primera ordenanza que creó la ZBE, luego modificada y que el tribunal consideró demasiado restrictiva y que no daba alternativas a los conductores.

Tanto el PP como Vox han apoyado la queja pero la Comisión Europea no ha entrado en la cuestión de las multas, de índole nacional, y sí en la esencia de la medida, la zona de bajas emisiones en Barcelona, que ha afirmado que es una medida que el Gobierno tiene en su mano para cumplir la sentencia europea que le condenó por una excesiva contaminación en Barcelona y en Madrid, porque, de lo contrario, se enfrentaría al pago de una multa.

"La Comisión considera que la alegación de los peticionarios no se considera una infracción de la legislación europea porque [las ZBE] forman parte de la discrecionalidad de los Estados miembros para determinar medidas más adecuadas para cumplir con la sentencia. No son constitutivas de una supuesta infracción de la legislación de la UE", ha dicho el funcionario de la Dirección General de Medio Ambiente, Daniel Fernández.

Según ha dicho, tras la sentencia del TUE, la Comisión ha mantenido un seguimiento de la calidad del aire en Barcelona, que volvió a niveles aceptables en 2020 y 2021, años que no son "suficientemente representativos" por la pandemia y la reducción de la actividad. En 2022, ha dicho, los niveles de NO2 "volvieron a superar el valor límite" y "parece ser que datos no oficiales de 2023 confirman una mejora de la situación, pero debemos a esperar a que sean oficiales".

En todo caso, el representante de la Comisión Europea ha circunscrito la creación de ZBE del Área Metropolitana de Barcelona entre "las medidas que corresponden a la discreción de los Estados miembros", que tienen  "la capacidad de decidir las medidas mas oportunas para el cumplimiento de estas sentencias". "Estas medidas tienen que ser efectivas y teniendo en cuenta que la mayor fuente de contaminación por NO2 son los vehículos de motor a combustión, las medias que supongan restricciones de tráfico, en principio, suponen una buena medida para cumplir de sentencia".