Arranca la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la creación de una subcomisión específica para actualizar el contenido del acuerdo que alcanzaron todos los grupos políticos en 2017 con el objetivo de luchar contra los crímenes machistas. Solo Vox ha votado en contra de revisar un Pacto en el que el Gobierno pretende incluir otras cuestiones, como la violencia digital, la pornografía o la prostitución.
La subcomisión aprobada tendrá de plazo hasta diciembre de 2024 para llevar a cabo esa actualización que quedó pendiente la pasada legislatura, cuando también se propuso incluir a todos los tipos de violencias machistas (sexuales, vicarias, económicas etc.) y no solo las cometidas en el ámbito de la pareja o expareja. En el acuerdo que suscribieron en 2021 todos los partidos salvo Vox planteaban también promover la especialización profesional de todos los actores implicados y dotar al Pacto de una financiación pública "estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico".
Así, una quincena de diputados trabajarán en los próximos meses en el marco de esta subcomisión para negociar las medidas que consideren que deben incluirse en el Pacto para combatir la violencia machista: tres del PP, tres del PSOE, dos de Vox, dos de Sumar y uno por ERC, PNV, Junts, EH Bildu y el Grupo Mixto. Las conclusiones de su trabajo deberán aglutinarse en un informe antes del próximo periodo de sesiones del Congreso, esto es, de septiembre a diciembre de 2024.
Prácticamente todos los grupos han mostrado su compromiso para actualizar un dictamen que caducó en 2022 y que consideran crucial en la hoja de ruta contra las violencias machistas. Lidia Guinart, del PSOE, ha avanzado que su formación se empleará "a fondo" para alcanzar los máximos consensos posibles y evitar que "el terrorismo machista siga asesinando, maltratando y dejando una huella indeleble en miles de mujeres".
También el PP, ha subrayado la responsabilidad del Congreso para alcanzar un consenso unánime en torno a la violencia de género, y ha pedido incluir la lucha contra el negacionismo en el nuevo texto. "Necesitamos garantizar que no haya margen de impunidad ni para maltratadores ni para agresores y reparación justa para todas las víctimas", ha aseverado la diputada Silvia Franco, durante su comparecencia en la Cámara baja.
"Nuestro grupo ya había registrado una solicitud inicial para la creación de esta comisión porque creíamos inaplazable retomar esos trabajos, sobre todo teniendo en cuenta la parálisis, las improvisaciones que se vieron y vivieron durante la legislatura pasada", ha defendido la diputada 'popular'.
Solo Vox se ha posicionado en contra de analizar el cumplimiento de las 290 medidas ya incluidas en el Pacto y aunar nuevas propuestas en los próximos meses. La diputada Rocío Aguirre ha tildado el acuerdo de "gran fracaso" por considerar que "no está solucionando el problema que pretende". Los de Abascal, ha asegurado, no niegan que exista un problema, sino que, en palabras de Aguirre, no están de acuerdo "en la manera en que se está afrontando, con estos gastos que no tienen control y sin conseguir realmente su objetivo".
El PSOE registra su ley contra el proxenetismo
También este martes, el PSOE ha registrado en el Congreso su proposición de ley contra el proxenetismo; una norma que ya intentó impulsar en la anterior legislatura y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó hace unas semanas que retomaría. "Lo que pretendemos es modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercera locativa. La cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución", ha explicado el portavoz socialista Patxi López en sede parlamentaria.
El objetivo de los socialistas, ha asegurado el portavoz en una rueda de prensa, es abolir la prostitución, para lo cual considera necesario "ir dando pasos" con normas como esta. "Se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas en España", ha argumentado, López, quien también ha asegurado que en 2021 apenas se registró una única sentencia que condenara a un proxeneta.
"Abolir no es prohibir", ha precisado el portavoz socialista, quien considera que la prohibición haría más vulnerables a las víctimas "porque se perseguiría también a la víctima de la explotación". Según López, el abolicionismo que persiguen los socialistas tiene el objetivo de que la prostitución "desaparezca por todos los medios" condenando a los proxenetas. "Hablaremos con todas las formaciones políticas que estén de acuerdo en que esto salga adelante", ha aseverado.
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