El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado ya el reparto de los 70 millones de euros que recibirán los 14 municipios del área de influencia de Doñana para el desarrollo de proyectos sostenibles en sus territorios, uno de los marcos de actuación, el número 10, contemplado en el acuerdo firmado con la Junta de Andalucía en noviembre de 2023 y que, sin embargo, no ha contado con el visto bueno de todas las localidades.
El Gobierno central, encabezado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha mantenido este martes una reunión en Sevilla con todos los alcaldes afectados –la misma que la ministra, Teresa Ribera, canceló hace unas semanas–, toda vez que, dentro del acuerdo con la Junta, se definen las competencias de cada administración en las distintas actuaciones, y esta en concreto corresponde a la Administración General.
En este encuentro, el Ejecutivo central ha elegido un reparto lineal "en igualdad de condiciones", siguiendo una serie de criterios, como la superficie, el número de habitantes, el PIB y la situación socioeconómica de cada municipio. Esto supondrá que cada uno de ellos recibirá un máximo de ocho millones de euros y un mínimo de cuatro, que se entregarán entre 2024 y 2025, a razón del 50% cada anualidad.
De esta forma, Almonte será el que más dinero perciba (8 millones), seguido de Hinojos, Aznalcázar, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda (5,9 millones); Moguer (5,6); y Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa (4,1).
El Gobierno da así el visto bueno a la propuesta que presentaron inicialmente 12 de los 14 municipios, todos menos Almonte e Hinojos, que desde un principio reclamaron más fondos. En concreto, el municipio almonteño pedía entre 18 y 27 millones, mientras que el de Hinojos quería entre 8,9 y 10,9.
Críticas al reparto
Ambos han seguido defendiendo este martes que sus localidades son las más afectadas al ocupar una mayor superficie del parque natural y se han mostrado muy críticos con la distribución final del dinero que ha decidido el Ministerio. El regidor de Almonte, Francisco Bella (exsocialista ahora en el grupo independiente Ilusiona) ha tildado el reparto de "fraude clarísimo a los ciudadanos de Doñana" y ha lamentado el "postureo" del Gobierno, que ha elegido un "acuerdo político" como base para la "biodiversidad y sostenibilidad" en el parque.
Por su parte, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle (PP), ha afeado al Ministerio que haya "cogido" el acuerdo de la mayoría de las localidades "sin mirar más criterios". Y ha defendido que su pueblo es la "zona virgen de Doñana", con un 75% de su término municipal de especial protección.
Morán ha considerado "absolutamente lógico" que estos dos ayuntamientos estén en contra, porque los alcaldes, ha dicho, siempre buscan la mayor cantidad de fondos para sus localidades, pero "hay que establecer un criterio de reparto".
En el extremo opuesto, los alcaldes de Bonares (PSOE) y de Rociana del Condado (PP), se han mostrado "contentos" con el reparto del Ministerio, al considerar que es "solidario" , y han lamentado las críticas de sus homólogos de Almonte e Hinojos, rechazando que se trate de un acuerdo "político" toda vez que, entre los 12 municipios que están de acuerdo, hay gobiernos de todos los colores (PSOE, PP, IU e independientes).
Siguientes pasos
Tras acordarse el reparto de los fondos, los municipios se comprometen a a ejecutar sus respectivos proyectos con un horizonte temporal situado en 2027. Durante el encuentro, se han establecido también las cinco líneas de intervención en las que deben encuadrarse las actuaciones: ciclo del agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y sostenibilidad del territorio.
El siguiente paso será la apertura de una consulta pública previa para recibir aportaciones de particulares, colectivos y territorios. Posteriormente, se firmará un protocolo general entre el Ministerio y los 14 municipios para, después, aprobar un Real Decreto en el que se establecerá el reparto del dinero. El proceso finalizará con la firma de un convenio individualizado donde se detallarán los proyectos a ejecutar.
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