El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado este martes que la subida salarial del 2% prometida a los funcionarios para 2024 se llevará a cabo sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno aprovechará la tramitación parlamentaria del decreto de medidas anticrisis para introducir a través de ese texto el alza pactada con CCOO y UGT a finales de 2022.
"Va a incorporarse una enmienda al real decreto-ley que hemos llamado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania", ha anunciado el titular de Función Pública en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Escrivá ha asegurado que se trata del mecanismo "adecuado", dado que dicho texto ya incluye la prórroga de medidas con un impacto sobre los presupuestos.
PSOE y Sumar han registrado ya la enmienda correspondiente para materializar el incremento retributivo comprometido por el Gobierno sin tener que esperar a la aprobación de los PGE, cuya tramitación se augura compleja debido a la aritmética parlamentaria. La semana pasada el PP tumbó de forma definitiva en el Senado la senda de déficit planteada por el Gobierno como base para las cuentas públicas. La alternativa de Moncloa pasa por tomar como referencia los objetivos de estabilidad presupuestaria enviados a la Comisión Europea en abril de 2023.
El Consejo de Ministros todavía no ha aprobado el borrador de los presupuestos, que tendrá que ser votado en el Congreso capítulo a capítulo y necesitará mayoría absoluta para salir adelante. Frente a los plazos inciertos de las cuentas públicas, está previsto que el proyecto de ley derivado del decreto anticrisis en el que se recogerá la subida salarial para los funcionarios sea aprobado en la Comisión de Hacienda del Congreso en las próximas semanas. Antes de entrar en vigor, deberá remitirse también al Senado.
La subida salarial del 2% pendiente para 2024 procede del acuerdo firmado con CCOO y UGT hace año y medio, que incluye un alza de hasta un 9,5% para los funcionarios repartida entre 2022 y 2024. El pacto recoge que el porcentaje de aumento previsto para este año, que se suma al alza del 3,5% de 2023, puede incrementarse posteriormente de forma retroactiva un 0,5% adicional en función de la evolución de los precios. Los sindicatos calculan que la subida afectará a más de cinco millones de empleados públicos.
CSIF rechazó en su día firmar el acuerdo, al considerar este incremento retributivo insuficiente para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. El sindicato de empleados públicos insiste en que se necesita un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la administración y amenazan con una "primavera caliente" plagada de movilizaciones si el Gobierno no inicia una "negociación real" que aborde reformas estructurales.
Comentarios