El Senado ha aprobado este martes una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas y evitar el derribo de edificaciones en primera línea de playa a pesar de que el PSOE y otros socios del Gobierno como PNV o ERC han rechazado apoyarla. Los grupos que han votado en contra la consideran innecesaria para unos propósitos e insuficiente para otros, pero también ante las "dudas" de que la iniciativa sirva para permitir usos privados en zonas de dominio público marítimo-terrestre que no solo aliviarían a propietarios de viviendas afectados por el retroceso de las playas debido al cambio climático, sino que terminarían favoreciendo negocios alojados en estas construcciones como hoteles, restaurantes y chiringuitos de playa.
Además de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP ha sumado los votos de Vox, de Junts y de senadores regionalistas canarios para sacar adelante una iniciativa para reformar la Ley de Costas. Su objetivo es "permitir la pervivencia de conjuntos urbanos, costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre" y en los que, por tanto, no se permiten usos privados, sino como mucho una concesión que a los populares les parece insuficiente.
"Esas desocupaciones o derribos no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados y que en un análisis de costo-beneficio ambiental ofrecen un resultado desfavorable en cuanto servicios ecosistémicos", defiende el PP que pide una "alternativa de protección y adaptación" para preservar edificaciones con valores etnológicos, evitando "nuevos retrocesos futuros de la costa".
Valor turístico
Se trata de la segunda vez que el PP presenta una iniciativa en este sentido y su senador Francisco Martín Bernabé ha hablado de "confiscación" de propiedades por la Ley de Costas y ha considerado insuficiente el régimen de concesión como alternativa. "Creemos en la propiedad privada y estamos dispuestos a ayudar a nuestros ciudadanos", ha afirmado en la defensa de una iniciativa que busca introducir una nueva disposición final en la Ley de Costas para excluir del dominio público marítimo terrestre a núcleos urbanos catalogados con "valores etnológicos". Esta consideración la certificaría el Ministerio de Transición Ecológico pero partiría de una propuesta de ayuntamientos y comunidades autónomas en casos de "conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales" que "acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados" y cuya demolición o supresión en virtud de la Ley de Costas "supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico".
En su proposición de ley, el PP explica un problema -el de propietarios que adquirieron inmuebles antes de la Ley de Costas de 1998 o que se han visto en primera línea de playa debido a su retroceso por el cambio climático- que han reconocido todos los grupos políticos durante el debate. Y cita algunos casos como el poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la Castellón, y otras casitas en el litoral valenciano, alicantino o murciano o les “Casetes de Vorera” en Menorca, que ya están siendo 'rescatadas' por el Gobierno balear, del PP, mediante otros procedimientos administrativos.
Protección de los chiringuitos
Sin embargo, no son son esos casos, conocidos por los senadores, los que levantan las sospechas que han llevado a otros grupos a votar en contra o a abstenerse, sino las "dudas" sobre una iniciativa que consideran demasiado "genérica" y que podría amparar también a edificaciones que son utilizadas como hoteles, restaurantes o chiringuitos de playa. Particularmente, por la inclusión de la naturaleza "comercial" de estas edificaciones o las consecuencias en el "turismo" que tendría su demolición que figuran en el texto y que fuentes populares afirman que también pueden aludir a chiringuitos de playa, unos establecimiento en favor de los que el PP hace campaña desde hace años, precisamente en contra de las disposiciones de la Ley de Costas.
"Veo que también hablan del perjuicio turístico", ha apuntado el senador del PNV Igotz Lopez, que ha anunciado voto e contra, como también ha hecho el BNG. "Puede llegar el caso de algún chiringuito, que tengamos que proteger algún chiringuito. Entiendo que es muy distinta la situación de una familia con la que pueda tener un chiringuito que se entienda que tiene interés turístico".
"Los que conozcan la costa, los territorios con costa, verán que muchas instalaciones que ustedes llaman conjuntos urbanos de tipo tradicional son fundamentalmente de uso habitacional o comercial. Es decir, restaurantes, pequeñas marinas y pretendidas casas rehabilitadas de pescadores", ha apuntado Joan Josep Queralt, diputado de ERC, que se ha abstenido.
El Ministerio de Transición Ecológica podría haber vetado la iniciativa e impedido su toma en consideración en el Senado si hubiera podido justificar que existen consecuencias presupuestarias. Sin embargo, en su turno de palabra, el PSOE ha anunciado el voto en contra de una proposición de ley que, tras el trámite en el Senado que ha empezado este martes, pasará al Congreso para aprobarse definitivamente. Allí el PP no tiene mayoría absoluta, pero si se mantiene el apoyo de Vox y de Junts, sí la sumaría y la reforma legal sería una realidad.
El PSOE defiende el régimen de concesión previsto en la ley actual y también que es necesario elaborar otra para afrontar el problema de fondo del retroceso de la costa debido al cambio climático. Sin embargo, ve "inconstitucional" la iniciativa del PP porque excede de la ley -de Costas- a la que la Constitución encarga fijar los bienes de dominio público estatal, entre los que contempla la zona marítimo-terrestre o las playas. También la considera innecesaria, como muestra que comunidades como Balears, con un gobierno del PP está ya tramitando una solución para unas de las edificaciones que cita el PP en su proposición de ley, las Casetes de Vorera en Menorca.
"Están ejerciendo algo de populismo legislativo, quedar bien y decir que el otro es culpable", ha reprochado el senador socialista José Francisco Hila.
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