Más de 1500 locales de sexo de pago salpican la geografía española. En ellos, por menos de cinco euros -lo mismo que cuestan dos cajas de leche- mujeres de todas las nacionalidades a demanda, hacen sexo oral. Y por cincuenta euros más, se incluye la habitación, la cama y 'un completo'. Lo saben bien el 39% de hombres españoles -casi cuatro de cada diez-, que ha pagado por sexo alguna vez. Aunque estas cifras no son de extrañar en un país en el que la prostitución genera cinco millones de euros al día, representa el 0,35% del total de su Producto Interior Bruto y se ha izado como el primer puesto de la Unión Europea en consumo de prostitución.
Aquí, además de por el sol, las playas y los chiringuitos, los turistas vienen en busca de sexo. Junto a países como Tailandia, Brasil e Indonesia, España ocupa la tercera posición en la clasificación de los países más populares para el turismo sexual. "Y algunas clasificaciones la convierten incluso en la segunda", advierte Asunción Miura, representante de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres y de la Coalición internacional Contra el Tráfico de Mujeres. Pero, ¿qué dice la legislación española al respecto?
Más de 45.000 mujeres en el 'limbo'
Se calcula que más de 45.000 personas se prostituyen en España. Algunas fuentes hablan, incluso, de 350.000, aunque lo cierto es que no hay cifras oficiales. En cualquier caso, todas ellas, que conformarían la población total de una ciudad como Ibiza o Segovia, se encuentran en un limbo legal. Aquí, además, ni se persigue ni se sanciona a los puteros, como si ocurre en otros países como Suecia o Noruega.
Apenas hay cuatro referencias a la prostitución en el Código penal, y en cualquier otro texto legal oficial en España, y ninguno habla de ella como una actividad económica legítimamente legal, ni lo contrario. Por eso, sus defensores se acogen al artículo 25 de la Constitución: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".
¿Abolir o regular? Las posturas que dividen el feminismo
El debate entre la abolición o la regulación de la prostitución, que ha llegado a las instituciones en los últimos años, es una disputa histórica en el movimiento feminista. Son muchas las teóricas que se han preguntado, a lo largo de décadas, el porqué de la prostitución y cuál ha sido su contribución al patriarcado o de qué manera -en la práctica- se debe abordar este asunto con políticas concretas y que efectos colaterales puede tener. Entre las cuestiones que más resuenan en las mesas de debate: ¿es posible decidir libremente cuando no tienes más opciones?, ¿qué es, sino 'normalizar' la mercantilización de los cuerpos, la regulación? o ¿hay un sexo bueno y uno malo?.
Para abordar estas preguntas, la mayoría de países enfrentan la prostitución desde tres sistemas distintos: la abolición, que reconoce la situación de las personas prostituidas y lucha por su erradicación, la prohibición, que la prohíbe y castiga, y la regulación, que la convierte en un trabajo.
En españa, la mayor parte del movimiento feminista apoya la postura abolicionista -que también defiende el actual Gobierno- aunque una parte aboga por regularlo como una profesión.
La abolición: lo que es y lo que no es
Desde la postura abolicionista se entiende la prostitución como una forma de esclavitud que afecta, sobre todo, a mujeres. Una de las voces más críticas con el tema es la filósofa Ana de Miguel, autora de Neoliberalismo sexual, en el que explica 'el mito de la libre elección', desmontando la idea de que las mujeres eligen libremente ejercer la prostitución. Para ella, regular esta práctica pasa por legalizar que "se pueda disponer del cuerpo de una mujer para introducir un pene en sus agujeros", y se pregunta si al considerarlo un trabajo estamos dispuestos a "ir a la cola del paro, cada vez más llena de mujeres, y decirles: "Tranquilas, hay trabajo en los burdeles, es un trabajo como otro cualquiera"".
Amelia Tiganus, autora de 'La revuelta de las putas' -un ensayo político que bebe de su propia experiencia ejerciendo la prostitución- es otra de las grandes voces abolicionistas en nuestro país. "Queremos derechos para las mujeres, pero no derechos para pagar impuestos por ser penetradas por todos los agujeros por esos cuatro de cada diez hombres que no tienen ni principios ni ética".
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Perseguir el proxenetismo
Ella, como tantas otras mujeres abolicionistas, explican que abolición no es lo contrario que regulación. La abolición exige, por un lado, la persecución de todas las formas de proxenetismo, "Aquí no hablo de mujeres que en su vida quieran cobrar por sexo… Nadie se va a meter en la cama de nadie", explica Tiganus. "Hay que descriminalizar a las mujeres en prostitución. Lo último que se les puede hacer en esa situación de abandono absoluto, exclusión y crueldad es, además, multarlas".
Alternativas y derechos para las mujeres
El segundo eje de la agenda abolicionista exige garantías para que estas mujeres tengan otras alternativas reales. "De lo contrario, estaremos sumiéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad", explican desde la Fundación Cruz Blanca, Martínez-Raposo. "Y esas alternativas debemos pensarlas bien. Por ejemplo, un programa de empleo, que sabemos que va a tener acceso un número limitado de mujeres porque muchas están invisibilizadas o en situación irregular".
El abolicionismo defiende la reparación integral de las víctimas: "también exigimos el acceso a una vivienda digna, con terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo genuino, todo esto en políticas públicas. Porque esto no es cuestión de oenegés, de buenismo. No es eso, es que este sistema nos arroja a ese lugar de la vida", afirma Amelia.
La regulación: considerar la prostitución un trabajo
Desde el otro lado del tablero, las regulacionistas consideran que la abolición es una utopía y la prostitución una práctica inevitable que no se puede erradicar. "La realidad es que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución no tienen regulación y no se protegen sus derechos laborales", afirma Encarna Bodelón, jurista y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fuensanta Gual, presidenta de la Asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) y doctora, se declara 'proderechos' porque "estamos a favor de que la prostitución quede fuera del Código Penal (de despenalizarla), excepto las cosas que ya son delito, por supuesto, como la explotación, los abusos, la prostitución forzada...".
También se definen como proderechos los miembros del sindicato OTRAS, que se piden que no se confundan estos delitos con "el libre ejercicio del trabajo sexual", pues, desde su punto de vista, la prostitución es "un intercambio consentido de servicios sexuales entre personas adultas" y ven importante diferenciar entre proxenetas y empresarios.
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