En España hay 964.787 personas que se benefician actualmente de alguna manera del ingreso mínimo vital (IMV), la renta de subsistencia que el Gobierno introdujo en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables. Esa población se divide en casi 400.000 hogares (376.073), la mayoría con presencia de menores y un tercio de ellos se sitúan en Andalucía. Sin embargo, la ayuda no llega, ni mucho menos, a todos los hogares a los que podría llegar teóricamente: alrededor del 58% no llegan siquiera a pedirla. La prestación, que no exige haber cotizado para poder percibirse, supone un coste para las arcas públicas de 946 millones de euros al mes.
Así se desprende de la nueva estadística sobre esta prestación que ha presentado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta ahora, el Gobierno solo daba la cifra de personas que habían llegado a percibir esta prestación en algún momento, un dato que realmente no reflejaba con verdadera precisión cuántas personas están dadas de alta en la actualidad, lo que ha despertado múltiples críticas al Ejecutivo.
Con la nueva estadística difundida este jueves se puede comprobar cómo, de los 2,3 millones de personas que han recibido la ayuda en algún momento desde que se puso en marcha en 2020, un 27% ya no la cobra. Fuentes de Seguridad Social creen que en gran medida se trata de personas que han mejorado sus rentas, probablemente al encontrar empleo y que, por tanto, dejan de cumplir los requisitos que se exigen para poder acceder a la ayuda.
De media, los hogares dados de alta perciben un ingreso de 500 euros mensuales en 12 pagas anuales, que se traducen en 167 euros por persona. Eso sí, ese cálculo incluye también a las personas que solo cobran el complemento por ayuda a la infancia, una subvención que está dentro del universo del IMV, pero que no es tan sustanciosa como el ingreso mínimo per se. Además, es importante recordar que el ingreso mínimo vital se concede a la unidad de convivencia y garantiza un nivel de renta que varía en función de la composición de los hogares. La ayuda oscila entre los 604 euros al mes para un hogar formado por un solo adulto y el caso más extremo, el de una familia formada por dos adultos y tres o más menores a cargo, que puede percibir hasta 1.595 euros. La renta previa de que dispongan esos hogares se descuenta del ingreso mínimo vital a la hora de calcular la cuantía de la prestación.
Si contabilizamos también los hogares que reciben solo el complemento de ayuda a la infancia, el número de familias en el universo del IMV se eleva hasta los 557.405. Estos hogares se pueden dividir en tres grupos de proporciones muy parecidas. El primero lo forman 181.075 hogares que no cobran ayuda de protección a la infancia, un complemento que refuerza el ingreso en función del número de hijos menores de edad. Luego, hay un segundo grupo de 194.998 familias que percibe el IMV con ayuda a la infancia y un tercero constituido de 181.332 que solo recibe el complemento.
La mayoría de potenciales beneficiarios no lo cobran
El gran punto débil del ingreso mínimo vital son las reducidas tasas cobertura que tiene si pensamos en los potenciales beneficiarios. Aunque el Gobierno no se moja con una cifra actualizada de cuántas personas podrían optar a la ayuda teóricamente, fuentes de Seguridad Social dan por buenos los cálculos de la Airef que cifraban en un 58% los hogares que la solicitaron respecto al universo posible.
Las tasas de cobertura son especialmente bajas en hogares sin hijos, donde más del 70% de los potenciales beneficiarios no reclaman la ayuda. Este problema de no solicitud, conocido como non take-up en la jerga técnica, es común en este tipo de prestaciones y tiene motivos variados.
Las razones por las que no se solicita la ayuda son variadas y van desde errores a la hora de definir los beneficiarios potenciales, hasta la falta de incentivos para solicitar la ayuda entre los hogares vulnerables con más renta o el solapamiento con otras rentas mínimas como es el caso de las autonómicas. Desde Seguridad Social señalan que "una parte importante de los casos" de falta de cobertura se deben a los escasos incentivos económicos para solicitar la ayuda. "Los hogares con ingresos cercanos al umbral o en situación de pobreza temporal pueden carecer de motivación económica para solicitar la prestación, dado que el aumento de ingresos sería limitado y no superaría el coste y esfuerzo percibido del proceso de solicitud", señalan.
Hogares con niños
A nivel sociodemográfico, dos de cada tres titulares del ingreso mínimo vital son mujeres, mientras que el 82% son personas de nacionalidad española. Además, dos tercios de los hogares incluyen a menores de edad. La edad promedio de quienes han pedido la ayuda ronda los 45 años, pero los beneficiarios son mucho más jóvenes: el 41% de ellos son menores, lo que explica que los receptores —a diferencia de los titulares— tengan, de media, 28 años.
En el plano territorial, la comunidad autónoma con más peso en el ingreso mínimo vital es Andalucía, donde están censadas el 32,6% de las familias que perciben la ayuda. Después de Andalucía aparecen Comunidad Valenciana (10,5%), Cataluña (10,3%), Madrid (8%) o Murcia (5%). La otra cara de la moneda son comunidades como La Rioja, Cantabria, Navarra o Baleares, que apenas aportan un 1% cada una. En este sentido, es importante destacar que aquí influye mucho la política autonómica de rentas mínimas de cada comunidad.
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